Gran polémica ha generado en distintos sectores políticos del país alrededor de la propuesta de “amnistía general” que busca con una reforma constitucional que viabilizar ese planteamiento y limpiar hoja de vida de polìticos inhabilitados con un ‘borròn y cuenta nueva’

El expresidente dio a conocer el “primer borrador para la discusión de la bancada parlamentaria del Centro Democrático, además con el Gobierno nacional, con otros partidos y con sectores de opinión pública”.

Como se sabe, Uribe mencionó por primera vez esa propuesta de “amnistía” al comienzo de la semana pasada, cuando habló con el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

En esa declaración el exmandatario reiteró sus críticas al acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos con las Farc, sobre todo el hecho de que no paguen un solo día de cárcel por sus graves delitos e inclusos sus cabecillas estén ocupando curules en el Congreso.

«Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía en un programa con la niña Epa (Colombia), y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco, y no la quiero conocer, de darle con un martillo a Transmilenio, pero también decían por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva».

Tras esa propuesta se generó un debate muy amplio, en el que se han escuchado múltiples opiniones a favor y en contra de sectores políticos, económicos, sociales e institucionales. Incluso esta semana los encargados en el gobierno Santos de negociar el acuerdo con las Farc criticaron ese planteamiento. Hasta el fiscal general Francisco Barbosa se manifestó en contra de “cualquier tipo de amnistía” en Colombia.

Borrador de reforma

Sin embargo, el expresidente Uribe ha defendido la idea y llamado a que se abra una discusión amplia al respecto. En ese sentido, presentó anoche el citado borrador del acto legislativo para “superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública”

“Se permitirá por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia. Se exceptúan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública”, señala el primer artículo.

Se añade que “la ley, por una sola vez, ampliará los subrogados penales en favor de personas condenadas o procesadas, salvo por los delitos mencionados en el inciso anterior”.

La propuesta sostiene, además, que “cuando el beneficiario de esta norma realice una conducta penal posterior, la pena se agravará en la mitad”.

Otro aspecto clave que se plantea es que “los integrantes de las Fuerzas Armadas, por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este acto legislativo, que hayan completado cinco años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos”.

El borrador del articulado sostiene que “será deber de los beneficiarios de estas normas realizar una reparación a las víctimas, con pedido de perdón, cuando se haya causado el daño”.

Igualmente “se exigirá el reconocimiento de los hechos o en su defecto la contribución a la verdad, sin que esto implique autoincriminación”.

Otro inciso señala que “los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos podrán avalar a candidatos beneficiarios de lo aquí dispuesto, a menos que se presente una sanción penal por hechos posteriores”.

En cuanto a la Justicia Especial para la Paz (JEP), se propone que “habrá una estructura especial para la investigación y juzgamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016. El principio de imparcialidad del juez debe garantizar que los miembros de esta estructura no hayan participado en denuncias, investigaciones, juzgamiento o pronunciamientos públicos en contra de quienes estén sometidos a esta jurisdicción”.

Por último se propone que “las desmovilizaciones de grupos organizados al margen de la ley, que sucedan hasta (fecha) se regirán por la Ley 975 de Justicia, Paz y Reparación”. Adicionalmente, la Ley definirá las condiciones para que personas desmovilizadas en el periodo 2002-2010 puedan ser admitidas en la Ley 975 “siempre que por alguna circunstancia no estén siendo procesadas de acuerdo con esta ley”.

Primeras reacciones

Como era apenas obvio, el borrador generó anoche un alud de reacciones. Desde la izquierda varios congresistas calificaron la propuesta como un mecanismo para implantar una impunidad general, pero sobre todo un salvavidas a los condenados por parapolítica.

Los parlamentarios del Centro Democrático, por el contrario, defendieron que se plantee una discusión abierta de la iniciativa, señalando que los beneficios penales y rehabilitación de derechos políticos no pueden ser única y exclusivamente para culpables de delitos de lesa humanidad, como los exFarc.

Los juristas, por otro lado, dividieron opiniones. Para algunos la propuesta no plantea una “amnistía típica ni general”, sino alivios penales y políticos. Pero para otros, la idea riñe con la Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia.

Fuente: Nuevosiglo.com