Resulta fácil para el honorable senador conservador Luis Emilio Sierra Grajales presentar un proyecto de ley que pretenda restringir la libertad de las personas a opinar en los espacios virtuales de los medios de comunicación, con el argumento de la “libertad de opinión con responsabilidad”.


Pues bien. Resulta que el pasado 14 de agosto el congresita presentó un proyecto de ley donde propone que cada persona que quiera opinar en los espacios de los medios de comunicación en Internet deba registrarse previamente con su nombre y número de cédula.

El proyecto del congresista conservador ordena a los medios de comunicación que establezcan mecanismos de verificación de la identidad de quienes opinan la veracidad de esos registros, y los convierte en “responsables solidarios” de “las infracciones de este precepto”.

El proyecto de ley radicado bajo el título de “libertad de opinión con responsabilidad”, expresa en su articulado lo siguiente:

“Artículo primero.– En beneficio del derecho constitucional a la libertad de expresión, toda persona es libre de opinar en los espacios virtuales que para tal fin los medios de comunicación han facilitado en sus portales de noticias.

Artículo segundo.– En aras de la responsabilidad que implica el ejercicio de todo derecho, aquel ciudadano que desee registrar su opinión en los espacios habilitados para este fin, deberá identificarse plenamente con su nombre y número de cédula.

Artículo tercero.– Los medios de comunicación serán responsables de establecer los mecanismos que garanticen en sus formularios de participación la veracidad de los registros y por tanto serán solidariamente responsables en caso de infracción de este precepto.

Artículo cuarto.– La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias”.

Como se observa el texto propuesto para debate en el honorable Senado de la República, Sierra pretende que quien opine en un medio virtual se identifique plenamente y más aún, responsabiliza a los medios en caso de que el usuario no registre verazmente sus datos.

El articulado del proyecto de ley sin duda atenta contra la libre expresión y es muestra de lo que pasa en los Estados represivos donde bajo cualquier pretexto se interrumpe y se restringe la opinión de todos aquellos que no tienen ni siquiera quién los represente. Ahora bien. No se trata tampoco de «alcagüetiar» o patrocinar los insultos, las groserías y los atropellos de aquellos mal educados y abusivos que se valen de las páginas virtuales para lanzar improperios y palabras soeces contra el gobierno y contra todo aquel que no le simpatice.

Son dos cosas totalmente distintas y eso es lo que debería diferenciar el Honorable Senador Sierra. Desde la óptica de Periodismo Pùblico se debe controlar el lenguaje que se utiliza en los comentarios y sería bajo intentar respaldar a todo aquel que escribe sin el menor grado de cultura y alterando cuanta palabra nos regaló la madre lengua española.

Pero es que no hay que confundir la norma; más bien sería prudente regular esa libre expresión de la que habla la Constitución politica del 91, pero sin comprometer el registro del documento de identidad de quien opine. Recordemos que el hecho de dar el número de la cédula a la luz pública resulta inoportuno y genera desconfianza al ciudadano colombiano.

De aprobarse el proyecto de ley, tal y como lo pasó el senador Sierra, prácticamente sería enterrar los comentarios y aportes que hace a diario el pueblo en los diferentes medios virtuales, aislando aún más la brecha con la escasa opinión pública del país.

Ahora: Lo que sí es conveniente es que quien opine escriba su nombre verdadero y no utilice seudónimos, sea claro y conciso en el comentario y utilice un lenguaje siempre respetuoso, variado y acorde con el tema. Otro aspecto es el interés del medio en dejar o no los comentarios a libre albedrío, arriesgándose a un escándalo público o a demandas por parte de los perjudicados. Esta parte sí es importante y como conocedor del medio, invito a las demás páginas y portales para que estén muy pendientes de lo que los lectores publican para examinar el lenguaje y bajo esa óptica avalar o rechazar el comentario.

Si bien es cierto que el usuario puede subir el comentario directamente a la página, también es verídico que el editor o periodista de la misma puede descolgarlo inmediatamente si considera que el lenguaje o contenido no es apto. Otra cosa es que el medio se haga el de la vista gorda y deje cuanto comentario llegue, sin revisar si las palabras empleadas atentan contra la moral y la integridad de alguien.

Habrá que esperar el curso de la propuesta en el senado y ojalá los congresistas entiendan que la retroalimentación de los medios es la escencia del periodismo de hoy. Pero sea este el momento para manifestar desde Periodismo público que la herramienta de opinión que la internet nos facilita, no es para atropellar, agredir ni maltratar el lenguaje. Es mas bien para construir, deliberar y explorar nuevos espacios de interlocución con aquellos que seguramente utilizan el medio para escuhar a la inmensa clase popular.

No se trata de atropellar pero tampoco de callar. Hay que equilibrar la balanza y entender a un pueblo dolido y manoseado por un Estado y una clase dirigente indoliente e insensible, que muchas veces busca salidas a través de comentarios fuertes contra aquellos que toman medidas que perjudican al mismo pueblo.