La expresión “régimen del terror” suele asociarse a periodos muy violentos de la historia, en los que el poder no ha dudado en revelar su rostro más ominoso, periodos en los que culpables e inocentes han pagado con su sangre el precio de haber sido considerados como traidores. El terror ha sido un arma muy eficiente, en momentos en los que el orden social se ha sentido amenazado. De ahí que los veteranos de guerra, de las dictaduras o de la contrainsurgencia intenten lavar su conciencia con expresiones como “hicimos lo que teníamos que hacer”, “eran ellos o nosotros” o “en esa época no se podía saber con certeza quién era bueno y quién era malo”. Hoy en día, la conciencia moral de la represión está mejor resguardada: la “lucha contra el terrorismo” justifica todos los medios, legales e ilegales, para salvaguardar el orden y desembarazarse de la categoría misma de “régimen del terror”, pues es el terror lo que aparece como enemigo.

Pero, ¿es el uso del terror una excepción? ¿O son esas excepciones el recurso estilístico de la historia (oficial) para mostrar que ya no se está en el terror y que toda política actual no es más que una férrea defensa de la democracia? Porque toda la época del desmonte del Estado de bienestar, en la que nos encontramos desde hace cincuenta años, se ha caracterizado por la presencia del terror, y no solo por el que han causado los grupos subversivos en el mundo o el que han provocado las maquinarias estatales de guerra (tanto o más sanguinarias que las de sus adversarios), sino por uno estructural y cotidiano, que causa la precarización de la vida, que mantiene en estado de tensión, ansiedad y depresión al grueso de la sociedad, y que nos mantiene a la defensiva frente a la cercanía del otro (siempre visto como un intruso, una competencia o, llanamente, como un enemigo).

Sin embargo, esta sensación de inseguridad no es solo, ni principalmente, una afección psíquica de individuos enfermos, como si fuera la expresión de una debilidad endémica; por el contrario, es el efecto material y concreto de una sociedad violenta, explotadora, excluyente, racista, machista y rapaz. En tiempos de pandemia, por ejemplo, se han puesto de moda los términos “resiliencia” y “reinvención” para tazar el nivel de sometimiento de las personas, porque es más fácil y económico exigirles que se resignen, que reconocer que las cosas están mal y que los dueños del mundo devoran como langostas todo tipo de recursos, sean naturales, humanos o financieros.

Ante esto, se escucha una y otra vez la misma retahíla, que suena como un mal chiste en la boca de alguien con algún trastorno cognitivo (así hay que hablar en estos días), de que “otra vez empezaron los mamertos”, que “ahí está pintada la mamertería colombiana” (parafraseando a José Félix Lafaurie y a María Fernanda Cabal). Lo peor de todo es que estas expresiones de desprestigio clasista, “ideadas” por las élites que desprecian a los que no son de su misma casta, son repetidas por pequeños empresarios, por mandos medios-bajos de las fuerzas armadas y por asalariados de ingresos medios y altos, que en su arribismo piensan que hacia ellos se dirigen las críticas a la voracidad del capital.

Lo que no entienden estos mamertos de la derecha es que mientras ellos mismos son víctimas del sistema financiero (que abruma con préstamos e intereses altísimos), de los regímenes impositivos (que gravan cada vez más a las clases medias) o del aparato militar (que sigue enviando miles de hombres –en su mayoría- a morir en la guerra), defienden a capa y espada la cínica alcahuetería de los altos funcionarios que viven a costillas del Estado con salarios cada vez más altos (en contraste con los míseros subsidios a los pobres o del precario salario mínimo), comisiones legales e ilegales (la corrupción se salió hace mucho de sus “justas proporciones”, a despecho del expresidente Turbay) y con legislación que los favorece a ellos y a sus amigos (sacra práctica nacional colombiana desde el siglo XIX).

Esos mismos especímenes pseudocríticos, dispuestos a defender la libertad de mercado a costa de todas las demás, son la primera línea de batalla de la también descarada alcahuetería de los grandes propietarios (de los que ilusamente se creen parte), premiados con “incentivos” tributarios cada vez que dicen que van a combatir el desempleo (aunque eso nunca pase) o cada vez que “apoyan” una buena causa para evadir impuestos de manera legal (y siempre habrá quienes maquillen muy bien sus libros contables), al tiempo que son los privilegiados para contratar con el Estado (para eso sí lo quieren) y aquellos que le dan las órdenes.

¿Por qué los esclavos luchan por su esclavitud como si estuvieran luchando por su libertad? Es la pregunta que de Spinoza, vía Deleuze y Guattari, llega hasta nosotros. ¿Por qué estos idiotas útiles de la derecha terminan defendiendo el poder mismo que los oprime? Preguntas complejas cuya respuesta cabal no cabe en este espacio, pero que podemos intentar responder de por lo menos dos maneras. La primera respuesta es la estructura de la clientela, tan arraigada en Colombia desde las guerras bipartidistas, porque, como reza el adagio popular, nadie habla con la boca llena, y porque, como reitera el credo de la explotación, siempre habrá alguien dispuesto a hacer lo mismo por mucho menos.

La segunda respuesta es más compleja y tiene que ver con la forma en que el capitalismo ha logrado capturar el deseo, pero no solo el deseo de sus defensores a ultranza, sino el de todos nosotros. En eso gran parte de la izquierda se equivoca: no basta con ser pobre y víctima estructural del capital para ser anticapitalista. El capitalismo promete el paraíso de la libertad a partir de uno de sus imperativos más zalameros: “goza”. En esta sociedad de la seducción no importa lo mal que se esté, siempre se va a sucumbir a la tentación de entregarse al disfrute de los excesos, del lujo, la banalidad y la disipación, a costa incluso de la propia supervivencia.

Esos imperativos del goce y de la búsqueda de la felicidad intentan ocultar que detrás de ellos operan los imperativos del trabajo explotador, del sometimiento y el endeudamiento; pero el que lo intente, pese a no lograrlo, ha hecho que el capitalismo sea más deseado y deseable, hasta para los que salen peor librados en él, que cualquier alternativa socialista existente. Esa capacidad para capturar el deseo permite el surgimiento de personajes perversos que terminan representando lo peor, lo más mezquino y vulgar que alberga una sociedad. Peter Sloterdijk muestra que eso fue Hitler para Alemania, el símbolo de las peores pasiones de las que era capaz el pueblo alemán, la síntesis de su vulgaridad, su odio y su resentimiento.

Y esto sigue siendo válido hoy. Cómo no ver la altanería megalómana, pedestre y rastrera de la campaña de reelección de Donald Trump y de su rabieta de mal perdedor; cómo olvidar que el Centro Democrático, según las palabras de Juan Carlos Vélez, buscó “que la gente saliera a votar verraca”, en la campaña sucia del plebiscito del 2016; cómo no pensar en la simpleza del “castrochavismo” (mutado hoy en “espionaje” ruso), que no es más que la acusación violenta que hace la derecha más estúpida como represalia, no a las guerrillas, sino a quienes no se han quedado callados ante las injusticias y han exigido que se cumplan los derechos estipulados en la Constitución del 91 y los que debería garantizar un Estado de derecho.

Incluso, la derecha colombiana ha hablado de un discurso de “odio de clases” que fundamentaría una presunta ideología “castrochavista” (el término es una compulsión traumática a la repetición), muy al estilo de la obsesión de Charles Manson por la guerra de razas, como si hubieran sido los pobres y los inmigrantes los causantes de las crisis del capitalismo y no la ambición de sus propios jerarcas (no olvidemos que fue el fracaso de las hipotecas de alto riesgo lo que desencadenó la crisis del 2008).

Odio de clases es lo que han generado el FMI y el Banco Mundial cuando entre los ajustes estructurales que exigen a los países en quiebra está recortar el gasto social, mientras que los intereses de sus deudas (que siguen subiendo) deben pagarlos los ciudadanos. Odio de clases promueven los bancos que endeudan a los pobres hasta dejarlos sin futuro (eso sí, cuando quiebran los bancos, es el Estado el que amortigua su fracaso). Odio de clases es el que mueve al ministro Alberto Carrasquilla cuando habla de lo “ridículamente alto” que es el salario mínimo en Colombia, mientras que la ridícula y acelerada devaluación del peso hace que la mayoría de colombianos perdamos dinero, sin gastar un solo centavo. Son más bien Carrasquilla, Duque y sus patrones quienes anhelan ver a Colombia con la crisis social y política de Venezuela, ¿será que los salarios en el vecino país sí cumplen con las expectativas del ministro?

Mientras todo esto pasa, se tacha de terroristas a quienes protestan y defienden los derechos humanos. Y si las fuerzas del orden no dan abasto con la represión, las negras alas del paramilitarismo se extienden para hacer el trabajo más sucio, aquel del que sus patrones no se quieren encargar, o al menos no de frente. El fantasma del comunismo que otrora asustara al capital es hoy la capucha que el verdugo coloca sobre la cabeza de sus víctimas, aun si no sabe lo que implica o sin siquiera conocer su significado. Entre tanto, la delincuencia común y organizada anda a sus anchas no solo con impunidad, sino, en ocasiones, con la complicidad de la policía[1].

Y no, aunque les cueste a muchos reconocerlo, las Fuerzas Armadas no han sido un obstáculo eficiente para la subversión, sino que han sido incapaces de acabar militarmente con las guerrillas y con los demás actores armados al margen de la ley. La evidencia de dicha impotencia han sido las ejecuciones extrajudiciales y las persecuciones políticas. La incapacidad de las Fuerzas Armadas para hacer frente a sus adversarios hace que se vuelquen sobre los civiles (culpables e inocentes), sobre todo en aquellos que se han creído el cuento de la democracia, para inducir el terror y verter sobre ellos la responsabilidad de los males sociales.

La presunta complicidad entre el terrorismo y los civiles crea la idea de que se está luchando contra el enemigo de manera efectiva (así se evidencian también las bajas y los arrestos), al tiempo que se erradica la posible comprensión de ideas críticas y rebeldes por parte de la población. Es toda una paramilitarización social y psicológica que ha sufrido el pueblo colombiano, en casi cuarenta años de narcoterrorismo de las autodefensas y dieciocho del uribismo en el poder.

En Colombia la democracia es una farsa. Hay instituciones cómplices y descaradas que no solo le ponen en bandeja de plata el erario a los dueños del país, sino que actúan con violencia, legítima e ilegítima, contra los explotados y los excluidos. Esto perpetúa las condiciones de miseria e inseguridad, en las que vive el grueso de la población colombiana. Ese es el verdadero odio de clases. Ese es el verdadero terrorismo.

Porque si lo que han hecho las guerrillas en este país ha sido criminal (eso no se pone en discusión), lo es más todo el narcoterrorismo paramilitar en el que se han visto envueltos muchos militantes de los gobiernos de turno, aquellos mismos que reclaman paz sin impunidad, pero defienden con encono la impunidad para su propio partido. Si digo que es peor lo segundo, no es porque defienda lo primero (como seguramente dirá la godarria más corta de miras), sino porque lo segundo se ha dado en connivencia con el Estado, en complicidad con los gobernantes, con impunidad de la justicia y financiado por el dinero público; porque mientras muchos exigimos justicia para todos y que los criminales, vengan de donde vengan, paguen por lo que han hecho, el partido de gobierno y sus idiotas útiles claman por la impunidad de sus cabecillas.

Si como actos de “terrorismo urbano” se consideraron las protestas y los atentados a las propiedades públicas y privadas que tuvieron lugar en la masacre perpetrada por la policía el 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, con mayor razón cabe tipificar de terroristas a quienes directa e indirectamente han despojado de sus tierras a los campesinos, a quienes las han comprado a precios irrisorios sin importar la sangre derramada en ellas, a los que se han robado el dinero de los colombianos en tiempos de pandemia (y mucho antes), mientras los más pobres son retirados de sus trabajos y han quedado en total desprotección, solo a la espera del desahucio, la inanición y la muerte por la enfermedad, pues en todos estos casos (y muchos otros) se atenta contra la vida y los derechos de la mayoría, especialmente contra el único derecho que parece tener validez en Colombia: la propiedad. Como siempre, solo nos queda preguntar ¿Quién entonces hará justicia en Colombia? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta ignominia?


[1] Solo como evidencia reciente: https://www.pulzo.com/nacion/bogota-policias-harian-parte-bandas-hurto-transmilenio-PP996578