Los primeros días del año, como había corrido el rumor desde el mismo día de la elección del Alcalde Petro (“con ese 30% hay que revocarlo”, dijo un derrotado en “baja voz”), arranca la propuesta de “revocatoria”, sin sorpresas, auspiciada por un gris hijo de la “casa conservadora capitalina”, que no cuenta con el respaldo de la colectividad con la cual se hizo elegir Representante a la Cámara en las pasadas elecciones, el Partido de la U.


Sin duda, desde el mismo día de la posesión (se recuerda que empezaron las críticas por el anuncio del “desarme” ), el asunto de la revocatoria se viene ventilando en varios círculos políticos y “empresariales” afectados por Gustavo Petro tanto en los debates como parlamentario en sus denuncias contra el paramilitarismo, las “mafias del Chance” y el despojo de tierras a los campesinos más pobres como también, así se supo, por quienes fueron afectados con las denuncias del llamado “carrusel de la contratación” que tiene en la cárcel a altos funcionarios de la pasada reciente administración del Polo Democrático Alternativo, incluido el alcalde de entonces Samuel Moreno y su hermano el Senador Iván Moreno Rojas y a varios empresarios que mantenían el monopolio y control de la contratación y del presupuesto público de los bogotanos y por las decisiones que han afectado intereses particulares.

Así pues, la poderosa “zoociedad para el delito”, que se había fraguado durante dos cuatrienios de Gobierno Nacional de la llamada “Seguridad Democrática”, copando y capturado buena parte del Estado nacional (AIS, “falsos positivos”, “falsas desmovilizaciones”, etc.), sumados a la también criminal “Zoociedad” que incubaron con la corruptela en Bogotá, sometidos al escarnio público y derrotados electoralmente, prometieron el “desquite” contra Petro.

Los intentos, “combinando todas las formas de bochinche”, han sido sistemáticos, haciendo parecer que las decisiones del Alcalde son improvisadas y antijurídicas. Pero, las más de las veces, la verdadera razón del “matoneo” es porque Gustavo Petro se ha mantenido al margen de las presiones de quienes se acostumbraron a acumular “rentas” y hacer del patrimonio público parte de las riquezas de unos particulares parásitos y, varios de ellos, aliados con funcionarios públicos inescrupulosos, reconocidamente corruptos. Desbaratar semejante “concierto para delinquir”, sin duda, es parte de la “cuenta de cobro” que hoy le pretenden “pasar” al alcalde Petro, disfrazada a la manera de revocatoria jurídicamente legal. Como ya se ha denunciado, extrañamente coincide el interés político de los “carruseles corruptos” con los que promueven la revocatoria.

Varios han sido los intentos por deslegitimar y sembrar dudas en la gestión del alcalde de Bogotá, con un bien orquestado volumen mediático. Se recuerda el rifirrafe por la decisión de llevar agua a los más pobres y la acusación de que con ello se quebraría a la Empresa de Acueducto. Cuando se demostró la pertinencia humana y política del “mínimo vital”, simplemente callaron y rebuscaron otros “floreros” para criticar o minimizar los logros: que no se podía bajar las tarifas de TM y se pudo. Entonces, callaron o acusaron al alcalde de beneficiar a los empresarios privados con la medida; que el desarme contribuyó al éxito en los índices de seguridad, minimizan el logro; que el “agua en bloque” era un negocio ilegal para sembrar de cemento a la Sabana de Bogotá, “mutis por el foro” cuando se demostró que la razón jurídica acompaña al Alcalde Petro, sin contar con las acusaciones de alianzas poco santas.

Pero más allá de los ejemplos que desenmascaran la manera como se ha hilvanado el “matoneo” contra Petro, estamos en el deber de definir sí se avanza en recuperar lo público al servicio de los más pobres, o se sucumbe en una revocatoria basura, oligárquica. Decencia o indecencia, es la cuestión.