Los gobiernos de Colombia y Panamá anunciaron anoche que lograron un acuerdo de intercambio de información tributaria cuyo propósito, en el caso colombiano, es lograr que los nacionales que tienen capitales en dicho país, los declaren en Colombia.


En su cuenta de Twitter el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el trabajo conjunto de los gobiernos y su intención de trabajar por la transparencia y la cooperación en materia tributaria.

A través de la misma red social, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De la Guardia, señaló que se acordaron “los temas principales del tratado para evitar la doble imposición con Colombia, e intercambio de información a requerimiento”.

Adicionalmente, el funcionario panameño precisó que se pactó iniciar el intercambio automático de información con Colombia en el 2018, siempre que se garantice la seguridad de la información.

Lo que se acordó fue un tratado de doble tributación, con una cláusula de intercambio de información fiscal a requerimiento y que los equipos negociadores estarán trabajando en los próximos días para completar los textos del acuerdo que se espera que los presidentes, Juan Manuel Santos y Juan Carlos Varela, firmen en junio.

Trabajo que llevó tiempo

Con este acuerdo se pone fin a un tema polémico que enfrentó a los países por varios años y que tuvo en 2014 uno de sus momentos clave, pues para ese momento Colombia excluyó a Panamá de la lista de paraísos fiscales.

Desde entonces comenzó una hermética puja bilateral de la que siempre trascendió que Panamá fue inflexible en no ir más allá de firmar un acuerdo de doble tributación y mantener el secreto bancario sobre las operaciones existentes, cosa que, de acuerdo con lo anunciado, parece haber logrado el vecino país.

Horas antes de conocerse la noticia, Cárdenas declaró que “hoy en el mundo hay poca tolerancia a la existencia de sitios donde se puedan refugiar o esconder los capitales. Esto es indispensable para la comunidad internacional y un acuerdo con Colombia le daría mayor credibilidad a Panamá en el escenario internacional”.

Alcances de la decisión

Este acuerdo es histórico, no tanto en función de los evasores que esconden activos en Panamá, sino en función de detectar los movimientos financieros y societarios al servicio del lavado de dinero para actividades terroristas, narcotráfico y de corrupción que tienen origen y destino en Colombia.

“Es más rentable para el Gobierno emplear el acuerdo para detectar esas grandes redes criminales que ir a la caza de unos evasores puntuales y que no son un monto significativo”, explicó anoche el consultor tributario y exfuncionario de la Dian, Julio César Leal.

Ahora, este acceso a base de datos en el vecino país pondrá en alerta a quienes han omitido los activos que tienen en el vecino país y seguramente los moverán a otras jurisdicciones que también ofrezcan preferencias tributarias y secreto bancario.

En todo caso, quienes pueden ser los primeros fiscalizados son las empresas multinacionales sobre las que ya se tiene información en Colombia y hay alguna sospecha para cotejar con la información en Panamá y detectar, por ejemplo, si han trasladado rentas que debieron declarar en Colombia.

Para otros expertos consultados por este diario, la decisión panameña tras varios meses de insistencia por parte de Colombia pudo lograrse por la presión internacional ejercida sobre el istmo tras las revelaciones que desataron el escándalo conocido como los “Papeles de Panamá”.

Fuente: ElColombiano.com