Con el objeto de velar y vigilar la gestión pública, especialmente lo relacionado con atención al usuario, manejo de los  recursos públicos, la parte  administrativa y política, incluso las JAL y el  Concejo de Soacha, se reactivó la antigua veeduría  de la comuna seis, ahora con el nombre de Veeduría Municipal.

El grupo que integra esta veeduría ha fundado durante años varias veedurías en Soacha, todos ellos inquietos por el manejo de los recursos públicos. “La veeduría de la comuna seis, que fue la primera que conformamos, produjo importantes resultados porque están hechas las obras de la IE Las Villas, pero estaba en  “stand by” y  hoy la reactivamos con el nombre de Veeduría Municipal”, dijo Pedro Guzmán, presidente del nuevo organismo.

Para don Pedro, la  apuesta es  coordinar con cada uno de los entes para verificar, junto con los funcionarios, que las cosas se estén haciendo de la mejor manera, “nunca par ser enemigo de nadie ni una piedra en el zapato, sino propender por una Soacha mejor”, añadió.

El presidente de la Veeduría Municipal aseguró que se trata de aportar a través de este mecanismo de participación para sacar  a Soacha de la crisis en la que se encuentra. “El nuevo alcalde está dando muestras de querer sacar adelante la ciudad para  que haya un cambio, nosotros queremos verificar que esto se haga realidad, además estaremos muy puntuales en la construcción del Plan de Desarrollo  verificando que luego se  le dé  estricto cumplimiento”.

La Veeduría Municipal está conformada por 18 personas comprometidas con el desarrollo de la ciudad. Así quedó su junta directiva:

Pedro Guzmán, veedor presidente

Nelson Salgado, vicepresidente

Angie Peña. Secretaria

María del Carmen  Perdomo, Tesorera

Carlos Agudelo, fiscal

El resto de personas son los miembros activos que integrarán los diferentes comités del organismo veedor.

La Veeduría Municipal ejercerá vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas y oportunas a las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato,  ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos, y así tratar de disminuir las posibilidades de daño fiscal, apoyando la vigilancia para el logro de resultados.