En la sede de la Conferencia Episcopal y con la presencia de algunas organizaciones sociales, la Mesa de ONG´s Altos de Cazucá, Diakonie, Pastoral Social Caritas y la Personería local socializaron el documento, Soacha: Un silencio que Grita, Crisis Humanitaria y Conflicto Armado.


El documento sintetiza el interés de las organizaciones e instituciones participantes en su elaboración y difusión, por aportar a la resignificación de los modelos de intervención que han condenado al municipio a tramitar sus problemáticas en el péndulo de la injusticia y el asistencialismo.

La idea nace de un grupo de Ong`s nacionales e internacionales, instituciones del Ministerio Público municipal, iglesias y algunas agencias de cooperación internacional con presencia y acción territorial, las cuales conforman un grupo de trabajo que desde el encuentro de distintos puntos de vista permite configurar un análisis amplio de la situación que se vive en Soacha.

El documento permite develar una realidad que persiste en la continuidad de una crisis humanitaria debido a distintas condiciones propias del municipio de Soacha, que afectan de manera negativa a la población, al punto de poner en riesgo y vulnerar sus derechos fundamentales, en particular los económicos, ambientales, sociales y culturales.

Las diferentes entidades, instituciones y organizaciones analizan aspectos relacionados con la crisis humanitaria, para lo cual se propusieron analizar las situaciones de violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado en el municipio, su visibilización en los ámbitos local, departamental, nacional e internacional y motivar la implementación de acciones encaminadas a resolver la problemática del municipio.

Para analizar la crisis humanitaria en Soacha, las organizaciones ordenaron la información en torno a categorías de análisis, destacándose las prácticas sociales del conflicto armado, la situación de amenazas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

Producto de la unificación de esfuerzos de las diferentes organizaciones, se planteó la necesidad de articularlos con las comunidades en busca de proporcionar elementos que permitieran la exigibilidad de los derechos para la población civil. Hoy esa unión es representada por la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, entidades que intentan visibilizar la crisis humanitaria y sumar esfuerzos en la defensa de los Derechos Humanos.

El documento concluye con unas recomendaciones, invitaciones y exigencias a entidades del Estado, autoridades, organizaciones y un contundente llamado de atención a la rama judicial para que garantice el derecho a la justicia ante los casos de violación de Derechos Humanos y una mayor efectividad en los procedimientos judiciales, particularmente en los casos de ejecuciones extrajudiciales.