La valla colocada en el municipio fue objeto de polémica debido al contenido político que se manejó, pues e alcalde distrital Gustavo Petro fue caricaturizado, pero además de eso, generó confusión debido a que no había una versión oficial de las autoridades municipales acerca de su desmonte.


Periodismopublico.com logró contactar a Esperanza Montoya, Directora de gestión Bioambiental, quien manifestó que el acuerdo 031 de 2012 es el que rige la publicidad exterior visual en el municipio, este acuerdo dice básicamente que si hay una valla que no tiene un registro vigente, se hace un llamado al titular del registro y por medio de un requerimiento escrito, se le comunica que tiene tres días hábiles para quitarla.

En este caso, la Directora manifestó que la persona que colocó la valla tenía los registros vencidos, de tal modo que si no la hubiera quitado se le habría sancionado con una suma de $6.000.000, el cual es el monto máximo con el que se puede sancionar a una persona en estas circunstancias: “En este momento estamos en revisión de este acuerdo para hacer unas modificaciones y colocar algo más estricto, igual nosotros nos basamos en la ley 140 del 94, que es la que rige a nivel nacional el tema de publicidad exterior visual, y allí es donde esta ley le da la potestad a los municipios para establecer la reglamentación y manejar el tema de los registros”, explicó la Directora.

Otra de las condiciones que exige la Dirección de Gestión Bioambiental, es que se debe informar con tres días de anticipación sobre el cambio de publicidad, es decir que la persona que colocó la valla tenía que haber informado sobre el contenido textual de esta antes de instalarla, pero curiosamente lo hizo hasta el día miércoles cuando se cumplieron los tres días hábiles que se le otorgó para desmontarla.

Uno de los puntos que ha generado confusión es sobre quién debe otorgar los permisos para hacer uso de este tipo de publicidad, ante ello, la Directora manifestó que la Secretaría de Gobierno realiza el control policial, pero los trámites se deben realizar ante la Secretaría de Planeación en cabeza de la Dirección de Gestión Bioambiental.

En cuanto al acuerdo y su posible modificación, la Directora agregó que el objetivo es aumentar las sanciones económicas y modificar puntos, como por ejemplo el daño al buen nombre de una persona, ya que el acuerdo dice que se considera una causal de sanción el daño al buen nombre pero de un personaje histórico, más no a una persona que viva actualmente, como sucede en este caso : “Nosotros proyectamos el modificatorio, se pasa a revisión jurídica y de aquí se traslada al Concejo Municipal, porque la Corporación es quien finalmente aprueba”, concluyó Montoya.

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