No hay Dios ni Ley que frene a empresas que contaminan el Río Soacha

Posted on 29 de julio de 2013 by Periodismo Público

Aunque la presión y las denuncias hechas por los habitantes del barrio Llano Grande lograron que la CAR emitiera una serie de resoluciones y autos para cerrar o suspender las empresas del corregimiento uno que son responsables del daño causado al Río Soacha, nada ha servido para que esas disposiciones se cumplan y las industrias siguen funcionando como si nada.

Desde hace más de dos años la comunidad de este sector de la comuna seis ha puesto en conocimiento de las autoridades las irregularidades que las empresas ubicadas en las veredas Panamá y Fusungá cometen a diario con el depósito de vertimientos, desechos y sustancias contaminantes, producto de su actividad sobre el cauce del Río Soacha, violando toda norma ambiental y disposición legal, incluso pasando por encima de las autoridades correspondientes de regular esta actividad, y de la misma comunidad que se ve sometida a los perjuicios derivados de ello.

Sin embargo, las evidencias presentadas por la comunidad, en las que se da constancia de la compleja situación, no han logrado que se tomen medias al respecto, a pesar de que en las resoluciones y los autos de la CAR se confirma lo que desde hace tiempo han manifestado los habitantes, gracias a las visitas técnicas que en su momento realizaron funcionarios de la autoridad ambiental a los sitios donde operan las mencionadas empresas.

Vale la pena recordar también que las inundaciones que se han presentado en Llano Grande y otros barrios aledaños como El Cardal, que son consecuencia de la sedimentación causada por los vertimientos de las empresas, tampoco ha sido una razón suficiente para buscar soluciones a esta problemática, dando a entender que la autoridad municipal y las normas bajo las que esta se ampara, no puede actuar ante el caos y el daño generado por quienes trabajan en dichas industrias.

“Lastimosamente la situación es la misma, no ha cambiado absolutamente en nada. Han pasado varios inspectores y corregidores, han cambiado los secretarios de Gobierno y los directores de Apoyo a la Justicia, pero ninguno nos da razón de nada. La última vez que hablamos con Elberto Ariza, actual Director de Apoyo a la Justicia, se le entregaron los autos de cierre emitidos por la CAR, según consta en el oficio 17752, no obstante hasta ahora no hemos recibido respuesta. Esperamos que esta semana nos pueda atender y nos responda nuestra solicitud, en aras de que por fin logremos el cierre de estas empresas”, explicó Brigitte Leal, Presidenta de la JAC de Llano Grande.

Lo dicho por Leal hace referencia a siete empresas que se dedican a labores de lavado y secado de arena, procesamiento de huesos y reciclaje, tanto de concreto como de asfalto. A cada una de estas empresas la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) emitió autos o resoluciones con medidas preventivas de suspensión y/o cierre, que a pesar de resaltar que debían cumplirse inmediatamente, no pasaron de ser un simple documento sin mayor efecto o repercusión.

De esos autos y resoluciones, los más destacados son al Auto OPSOA No. 175, del 11 de abril del 2011, en el cual la CAR requiere al señor Jorge Enrique Huertas, propietario del predio conocido como ‘Lavadero de arenas Huertas’, ubicado en la vereda Fusungá, para que cumpla lo dispuesto en el Artículo 1 de la Resolución OPSOA No. 041 del 19 de agosto del 2009, en la cual se había impuesto medida preventiva de suspensión de la actividad desarrollada en la empresa.

En ese mismo Auto 175, en su Artículo 3, se requiere también al señor Huertas para que cumpla el Artículo 4 de la Resolución 0141, en lo referente a allegar a la CAR la ‘memoria técnica’ del proceso de recirculación, en donde se explique el funcionamiento hidráulico del sistema implementado, y se demuestre que su empresa cuenta con la capacidad suficiente para no generar ‘descargas’ al Río Soacha. Igualmente, el Artículo 5 del mismo Auto, advierte que en caso de que las anteriores medidas no se cumplan, la CAR evaluará si existe mérito para iniciar un proceso sancionatorio, conforme lo prevé el Artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Por otra parte, está la Resolución OPSOA No. 010 del 11 de abril del 2011, que impone una medida preventiva e inicia trámite sancionatorio en contra de las señoras Clara Inés Bello de Bello, como propietaria del predio ‘El Salitre’, y Luz Erminda Restrepo como arrendataria del mismo, en su calidad de responsables de los vertimientos de aguas residuales provenientes del lavado de arena al Río Soacha, sin contar con los correspondientes permisos de vertimientos y ocupación del cauce. En este caso se decretó la suspensión inmediata de los vertimientos. Vale la pena decir que según reza en la mencionada Resolución, la medida preventiva impuesta se mantendría hasta tanto se obtuviera el permiso de vertimientos respectivo.

El Artículo 4 de esa misma Resolución asegura que se iba a comisionar al Alcalde de Soacha de ese entonces, para que en uso de sus facultades policivas ejecutara dicha medida preventiva, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. Entre tanto, el Artículo 6 declaró iniciado el proceso sancionatorio en contra de la propietaria y la arrendataria del predio denominado El Salitre.

Finalmente, está la Resolución OPSOA No. 005 del 14 de marzo del 2011, que impone una medida preventiva y adopta otras determinaciones en contra de José Vicente Clavijo, propietario del predio conocido como El Jordán, ubicado en la vereda Panamá, a quien se le dictó la suspensión inmediata para que no continuara realizando vertimientos de aguas residuales industriales a la fuente hídrica del Río Soacha. El Parágrafo del Artículo 1 de esta Resolución señala que la medida es de ‘inmediata ejecución’ y se mantendrá hasta tanto la CAR lo decida.

Como se expresó anteriormente, ninguna de estas medidas se cumplió luego de que fueron tomadas y expedidas. Esto hizo que nuevamente la comunidad planteara la inquietud sobre la situación, esta vez ante el entonces Secretario de Gobierno Rafael Mariño, quien a su turno requirió al Corregidor Uno de Policía de esa época, Mauricio García Segura, quien presentó un informe fechado el 23 de agosto de 2011, en el cual describe cuáles empresas hacían presencia en las veredas Panamá y Fusungá, sus actividades y la cantidad de visitas u órdenes de cierre que se le realizaron para ese momento:

1. Clara Bello: Actividad – Lavado de arena; 3 visitas u órdenes de cierre.
2. Jorge Enrique Huertas: Actividad – Lavado de arena; 2 visitas u órdenes de cierre.
3. Diasicol: Actividad – Secado de arena; 2 visitas u órdenes de cierre.
4. Imseco: Actividad – Procesamiento de huesos; 3 visitas u órdenes de cierre.
5. Édgar Cantor: Actividad – Reciclaje de concreto; 3 visitas u órdenes de cierre.
6. Álvaro Mojica: Actividad – Reciclaje de concreto; 1 visita u orden de cierre.
7. José Vicente Clavijo: Actividad – Reciclaje de asfalto; 2 visitas u órdenes de cierre.

El Corregidor García destacó en su informe que: “A las empresas relacionadas se les efectuó suspensión mediante proceso CAR, con Resolución de la misma entidad que se remitió a la Alcaldía Municipal. Sin embargo, expresó García, en el caso de Álvaro Mojica, al menos en lo que respecta a la Dirección de Apoyo a la Justicia, no se remitió, al contrario de la que aportaron los peticionarios a su despacho, y de la cual se solicitó a esta Dirección que inicie el trámite correspondiente para hacer efectiva la medida ordenada por la CAR”.

Periodismo Público.com publicó dos notas el 1 y el 13 de diciembre del año 2011, en una de estas se hacía referencia a la inquietud de algunos empresarios del corregimiento uno, que cumpliendo con todas disposiciones de ley y sin generar perjuicios a la comunidad, se veían afectados por las irregularidades de las siete empresas citadas. La otra nota es una entrevista con Mauricio García, en la que él hablaba del escaso apoyo dado por la Administración Municipal para poner orden y regular las empresas presentes en esta zona (Ver: http://bit.ly/14s8IFJ y http://bit.ly/18Ioa5K).

La situación es la misma:

Casi dos años después, la situación no ha cambiado en nada, el Río Soacha continúa recibiendo vertimientos y sedimentación, mientras las autoridades siguen mudas ante la problemática, aún con los perjuicios que ha generado y los puede seguir generando. Así lo expresaron varios habitantes de barrios como Llano Grande y otros cercanos a la ronda del río, quienes son los más perjudicados de las actividades irregulares que realizan las empresas de Panamá y Fusungá:

“La única persona que nos colaboró en su momento fue el ex Director de la CAR en Soacha, Carlos Bello, emitiendo los autos para que la Administración Municipal hiciera el cierre de esas industrias. Desde entonces nadie nos ha ayudado con este tema, ni dado razón respecto a las órdenes de la CAR en su momento. Esperamos que el Director de Apoyo a la Justicia nos tenga una respuesta definitiva de la situación y lo que él ha investigado en este tema, para saber por qué después de dos y tres años de haberse tomado estas decisiones, la Administración y los entes respectivos no han hecho nada”, expresó la Presidenta de la JAC de Llano Grande.

“Las inundaciones que hemos tenido en el barrio han sido culpa de la sedimentación causada en el Río Soacha por estas empresas. A pesar de que hay órdenes de cierre, ninguna se ha cumplido y nosotros seguimos con el problema. Es urgente que las autoridades hagan algo para que cierren esas empresas de manera definitiva y dejen de causarnos daños al barrio”, agregó Edward Hernández, vecino de Llano Grande.

“Yo vivo acá hace siete años, el problema con el río siempre ha sido el mismo porque las empresas de la parte alta arrojan muchos desechos a este afluente, que ya está rebosado por culpa de esas sustancias. Lo mejor que se puede hacer es cerrar estas empresas, es mucho lo que nos están afectando, y es un problema de muchos años atrás”, manifestó Luis Alberto Rodríguez, vecino del Cardal.

“La solución no es tanto acabar o cerrar las empresas, lo que se debe hacer es obligar a los empresarios a que cumplan con las normas y hagan sus actividades sin generar perjuicios a la comunidad. Estas mismas empresas deben encargarse de limpiar el río y tratar de remediar el daño que han causado, pues a nosotros lo que nos perjudica es el olor y la sedimentación que va cogiendo el afluente. Debe haber orden, ellos no pueden seguir trabajando a costa de nuestro perjuicio”, sostuvo Luis Enrique Beltrán, habitante afectado.

“Las empresas que están sobre el Río Soacha se tienen que cerrar, nosotros no nos aguantamos más esta situación, los olores son insoportables. En los nueve años que llevo viviendo acá siempre ha existido la misma problemática, entonces el perjuicio ha sido por el mismo motivo. Las autoridades no pueden seguir omitiendo su responsabilidad, deben actuar para cerrar las empresas y darnos una solución”, concluyó María Granados, residente cerca a río Soacha.

Por ahora se espera la reunión que se realizará esta semana con el Director de Apoyo a la Justicia, para ver en qué termina este tema y definir si los cierres que hace más de dos años ordenó la CAR, finalmente se cumplen.