Soacha paga el agua ‘gota a gota’

¿Cuándo y cómo el agua dejó de ser un derecho fundamental para convertirse en un negocio? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo entender que mientras unos padecen carencias, otros gozan de millonarias ganancias por los negocios del agua? ¿Qué hacer frente a esta situación? Contaré a continuación la historia de un municipio de Cundinamarca que, a escasos minutos de Bogotá y en pleno siglo XXI, paga el agua que consume ‘gota a gota’.


Soacha es uno de los 117 municipios embaucados en los llamados Bonos de Agua o Bonos Carrasquilla. Bautizados así por el nombre de su creador Alberto Carrasquilla, quién se ideó ese negociado en 2007 como ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Idea que implicó modificar la constitución y las leyes para después beneficiarse como miembro de una de las empresas que posteriormente los promovió.

Estos bonos son un esquema de financiamiento amparado por el Acto Legislativo 04 y las leyes 1176 y 1151 del año 2007, creados para costear proyectos de acueducto y alcantarillado mediante operaciones de crédito público que en medio de unas condiciones tramposas y onerosas, comprometieran vigencias futuras del Sistema General de Participación, las cuales inicialmente ascendieron a nivel nacional a unos $440.000 millones, con un impacto económico agregado de cerca de $727.000 millones y con un nivel muy bajo de ejecución de obras. Según el Ministerio de Vivienda solo doce de los 117 casos cumplieron a cabalidad con las obras y otros veinte quedaron a mitad de camino.

La trágica historia para los soachunos inició el 3 de junio del 2009 cuando la administración municipal, con el aval del Concejo Municipal y mediante el Acuerdo No. 39 del 1º de diciembre del 2008, suscribió un crédito con Alianza Fiduciaria por $18.802.421.799 a una tasa de interés del UVR (IPC) + 11% efectivo anual a un plazo de 19 años y sin posibilidad de prepago o abono a capital. Contrato que incluyó, además, el pago de una comisión para ésta empresa por $246,311,726. Aunque legales este tipo de comisiones encarecen los créditos.

Alianza Fiduciaria junto a Corredores Asociados, la oficina Gómez-Pinzón-Zuleta y la firma Konfigura Capital de Alberto Carrasquilla, Lía Heenan y Andrés Flórez conformaban el Grupo Financiero de Infraestructura que se enriqueció con éstos negocios y arruinó a los 117 municipios. Recordemos que Konfigura Capital fue constituida en Colombia en marzo del 2008, meses después de crearse en Panamá Navemby Investments Group inc. Empresa fundada con el apoyo de la cuestionada firma Mossack Fonseca (Panama Papers), con capital estadounidense y de la que Carrasquilla fue presidente (representante legal) en 2011. Navemby sirvió entonces de vehículo para los dineros gringos que servirían posteriormente para montar el negocio y endeudar a los municipios.

Definitivamente un negocio redondo para el Grupo Financiero de Infraestructura y sus empresas, ya que el desembolso y el mecanismo de pago modificó la base del capital aumentando el tamaño de la deuda. Incluso durante el periodo de gracia de cinco años, en los que se causaron y pagaron intereses, la deuda para Soacha pasó de $ 18.802 millones de pesos en 2010 a $ 21.165 millones en 2014.

Al igual que los otros municipios, Soacha asumió un contrato de adhesión con las peores condiciones del mercado y comprometió sus ya escasos recursos en un crédito público engañoso y riesgoso que por sus características y condiciones, resultó oneroso y bien podría eventualmente inducir al error o el desgreño administrativo, ya que su desembolso total fue inmediato y no estuvo atado a un proyecto, a unos estudios previos de viabilidad e infraestructura o un cronograma de cumplimiento basado en metas. En muchos casos, como lo señalan diversas instancias de control, estas condiciones desembocaron en errores (ineficiencia e ineficacia) porque estos créditos fueron vendidos a municipios con reducida capacidad técnica y administrativa para identificar las desventajas que implicaba este esquema de crédito.

En Soacha, por ejemplo, los dineros fueron desembolsados en 2010 pero solo se empezaron a ejecutar hasta diciembre del 2013 cuando la administración de aquel entonces adjudicó las obras a la empresa española Ediviales mediante contrato No. 774-2013 por un monto de 20.740 millones de pesos quien las ejecutó hasta el 2015 dándole paso, posteriormente, por incumplimientos y “errores e inconsistencias” en los estudios y diseños, a Hidrosanitario, quien tampoco terminó las obras por similares razones a las del contratista anterior. Periodo de tiempo en el cual también se pagaron los más altos intereses.

En la actualidad, y luego de la promulgación del incumplimiento para Hidrosanitario (Res. 1161 de 29 agosto del 2018), las obras están paralizadas. Se espera adjudicar nuevamente -y por tercera vez-, a otro contratista para su culminación este año. La Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos del municipio manifiesta que dichas obras registraron a 28 de diciembre del 2018 un 73% de ejecución y un saldo por ejecutar del orden de los 3.515 millones de pesos.

El esquema de financiamiento montado por Carrasquilla entonces NO garantizó que los recursos del Sistema General de Participación (SGP) cumpliera con los fines para los cuales están definidos y llevó a que en 2018 la administración municipal tuviera que destinar 37 de cada 100 pesos de sus recursos para agua y saneamiento básico en el pago de un crédito que no concebía garantías técnicas para el cumplimiento de sus objetivos.

Dado el impacto negativo de este leonino contrato, las últimas dos administraciones buscaron morigerar el detrimento a las arcas municipales con la gestión de compra de cartera, primero con FINDETER en 2014 y luego con Bancolombia en 2016. Lo cual significó en términos comparativos un cambio en las condiciones iniciales del crédito, un relativo alivio en la reducción de la tasa de interés y la posibilidad de abonar a capital. Aun así, el daño causado al municipio por los Bonos Carrasquilla ya estaba hecho. Según un documento realizado por Alianza Fiduciaria para Findeter y publicado por El Espectador en 2018, el municipio pagó intereses por el orden de $11.312 millones tan solo en los primeros cinco años. Están aún por establecerse los intereses causados y pagados a Findeter y Bancolombia, conocerlos permitirá dimensionar el tamaño total de los intereses pagados como efecto colateral de la operación de crédito inicial. En síntesis y según el portal La Silla Vacía, a pesar de haber cancelado 16.000 millones de pesos aún le queda por pagar a los soachunos unos $15.000 millones más.

Nuestro municipio es uno de los que exhibe las necesidades sociales más alarmantes del país y según el DANE (2014) registra las más altas tasas de desempleo (15,4%) y de pobreza (35,5%). Es un municipio que definitivamente vive en déficit por sus ya reducidos recursos y su cada vez más creciente población que hoy fácilmente desborda el millón de personas. Considerada con preocupación por su actual alcalde como una “bomba de tiempo” y señalada despectivamente por su alcalde vecino Enrique Peñalosa como “un hueso”, Soacha no puede darse el lujo de malgastar su dinero en operaciones de crédito como estas.

Mientras el hoy Ministro de Hacienda Carrasquilla goza de sus ganancias, Soacha padece de una mediocre infraestructura para la oferta de agua potable y un sistema de manejo de aguas sucias que impacta negativamente en la salud de sus habitantes. En particular en los índices de enfermedad diarreica aguda y parasitismo intestinal, que son dos de las cinco principales causas de morbilidad de los soachunos. Veamos el panorama en materia de agua y saneamiento básico del municipio hoy.

Según el Documento y Cartografía de Diagnóstico Territorial Urbano y Rural anexo del Plan De Ordenamiento Territorial de Soacha (2018), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que la cobertura de alcantarillado a 2015 era de cerca del 69,29% de la población y en el estrato 1, se evidenciaba que 4 de cada 10 hogares aún no contaban con este servicio. Por su parte, en materia del servicio de agua, tiene una cobertura del 81,15% de la población y el municipio depende del Acueducto de Bogotá–ESP quien aporta la mayor parte del suministro con un 83,65% de la misma. Aporte que llega de una derivación de la línea Tibitoc-Tanque Casablanca desde la cual se atiende además a un gran porcentaje del sector de Ciudad Bolívar en Bogotá. En el estrato 1, encontramos que 3 de cada 10 hogares no contaban con servicio de agua. Además de estas carencias, su población padece de las más escandalosas tarifas en el servicio de agua y saneamiento básico que durante el año pasado registraron incrementos de hasta el 100% en barrios de la comuna uno como Quintas de Santa Ana.

Fue así como Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla (continuado por Santos y hoy por Duque) convirtieron el derecho fundamental al agua y el saneamiento básico de los municipios más pobres de Colombia en un negocio lucrativo en beneficio de una plutocracia corrupta que condena a sus pobladores a mayores niveles de escases e insalubridad. Por esto fue que me opuse a los Planes Departamentales de Agua en 2007 y luego impulsé el Referendo del Agua en 2009, precisamente para evitar esperpentos como éste que hoy tienen endeudada a Soacha.

Hoy nueve años después, la ciudadanía intentará reclamar el patrimonio público que se perdió en el pago de un crédito engañoso con los intereses más altos. El pasado 27 de noviembre del año pasado se conformó en las instalaciones del Concejo Municipal el Comité Dignidad Ciudadana de Soacha con el propósito de adelantar las acciones jurídicas y políticas que propendan porque el municipio recupere el dinero gastado en el pago de los desproporcionados intereses de los créditos pactados bajo la figura de los Bonos Carrasquilla. Los creadores de este mecanismo de crédito y las entidades que lo permitieron deben dar la cara y retornar los intereses al municipio.

En materia jurídica se podrían explorar las siguiente tres acciones: 1) una Acción de ineficacia, amparada en el Decreto 28 del 2008, que la ciudadanía puede interponer ante la Superintendencia de Sociedades para exigir el cumplimiento de los propósitos que sustentan los recursos que estrictamente destina el Sistema General de Participación (SGP). Que en nuestro caso se evidencia en la no satisfacción a cabalidad de las necesidades de la población en materia de agua y saneamiento básico; 2) una denuncia por cláusulas abusivas, las cuales están contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que buscaría velar por la indemnidad del equilibrio contractual, ya que con esta norma se busca atacar aquellas cláusulas que produzcan un desequilibrio injustificado en el contrato que genera perjuicio al usuario, en este caso al municipio que fue quien suscribió el contrato de adhesión para el préstamo. Se interpone ante la Superintendencia Financiera y el accionante es quien tenga la representación legal del municipio, en este caso el señor alcalde; y, finalmente, 3) una acción popular que busque proteger los derechos colectivos de la ciudadanía a la prestación y acceso efectivo de un servicio esencial para la vida como el agua y el saneamiento básico, derecho que en últimas fue el que más se afectó durante el tiempo transcurrido sin ejecutar las obras luego de la firma de este contrato de adhesión, así como exigir la protección del derecho colectivo al patrimonio público afectado por el desgreño en las finanzas del municipio.

En términos políticos debemos trabajar por configurar la unidad más grande posible de ciudadanos alrededor de un proceso de educación (pedagogía), organización y movilización pacífica que acompañe e impulse las alternativas jurídicas que permitan recuperar y retornar estos recursos al municipio, tal como nos lo enseñaron los valientes estudiantes y maestros de Colombia el año pasado.

Por la justeza de este reclamo suscribí mi apoyo y participación en el comité creado e impulsaré las acciones políticas y jurídicas que propendan por la recuperación de los recursos que tanto necesita Soacha y que fueron arrebatados por Carrasquilla y su combo. Sea la oportunidad para extender la invitación a la Alcaldía, al Concejo Municipal en pleno, a los partidos políticos y demás organizaciones sociales del municipio y el departamento a sumarse al comité y acompañar las acciones que éste defina.

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