Tímidas medidas para hacer cumplir cobro de la tarifa urbana de transporte en Soacha

Ante el abuso constante de los transportadores de Servicio Público que de forma descarada cobran $800, $1.000 e incluso los mismos $1.400 que se pagan hasta Bogotá, cuando simplemente se hace un desplazamiento por el perímetro urbano de Soacha, las autoridades locales han sido incapaces de poner en cintura a los conductores que a diario incumplen esta norma.


Es de recordar que el pasado 23 de julio el joven Manuel Pachón fue brutalmente golpeado por un agente de Policía en el barrio Compartir, cuando exigía que por parte de este se hiciera respetar esta reglamentación, luego de que un conductor de la empresa Cootranzipa se negará a llevarlo hasta San Mateo por los $700 que hasta hoy están autorizados como tarifa dentro del Municipio.

Medidas como el Decreto 158 del 2 de abril de 2002 y la orden dada en su momento por la Dirección de Transporte, donde se estipula claramente que está prohibido recoger y dejar pasajeros en la alameda de la Calle 13 entre Carreras 7 y 8, son dos ejemplos que se pueden tomar como referencia para tener una particular percepción de que en Soacha las normas de Tránsito y Movilidad no son más que un simple registro en el papel, pues aunque tales disposiciones son anunciadas con vehemencia, finalmente son ignoradas por quienes se supone están para hacerlas cumplir.

“Mucha gente que aborda los vehículos de Servicio Público que cubren el corredor Soacha – Bogotá, dice por ejemplo, que van para Quintanares, pagan los $700 y en realidad terminan movilizándose a la Capital, pagando sólo la mitad de este pasaje. Esto sucede en muchas ocasiones, aunque no se puede ignorar que muchas personas en realidad sólo van hasta donde dicen. Esta situación ocasiona el malestar entre los conductores y por consiguiente las agresiones verbales y maltrato hacia los pasajeros. Estamos mirando la posibilidad de examinar en qué sitios de la Autopista Sur se están ubicando, pues hay unas rutas de transporte urbano interno que cubren exclusivamente las del Municipio de Soacha, entonces no sabemos por qué se toman las rutas de Bogotá cuando existen rutas internas. Habría que mirar si es por la falta de vehículos o si hay alguna otra causa, pero en todo caso debemos buscar una solución, pues nadie puede variar la tarifa interna, ningún conductor. Si hay alguien que cobre de más, tenemos problemas, porque es que la tarifa que está autorizada para el Transporte interno de Soacha es de $700 y nadie puede cobrar un solo peso más”, explicó Francisco Araque, Director de Transporte de Soacha.

Lo anterior coincide con las muchas ocasiones anteriores en las cuales se han hecho pronunciamientos similares, lo malo es que evidentemente eso no ha servido de nada hasta ahora, pues cada día se ve cómo el abuso continúa mientras que la comunidad, en lugar de recibir el respaldo de las autoridades, debe someterse al maltrato e incluso a la violencia por parte de policías desinformados.

“Existe otra dificultad y es que cuando se va hacia Bogotá se suele pagar sólo $1.000, a sabiendas de que el pasaje cuesta $1.400, eso no es acorde con lo que dice la tarifa, es decir que no se puede cobrar ni por debajo ni por encima de lo autorizado. Para que se cumplan esas tarifas, es necesario que ‘cualquier persona víctima de esa situación deje su queja en la Dirección de Transporte (Cll.14 # 6 – 56) con un oficio especificando el número del vehículo, la placa y la empresa a la que pertenece para empezar a tomar los correspondientes correctivos”, agregó Araque.

Sin embargo lo que le preocupa a la comunidad es la complicidad de las autoridades y específicamente de la Policía, quienes en vez de hacer valer y respetar la norma, se ponen de lado de los conductores atropellando los derechos del usuario.

Habrá que esperar para determinar si en efecto y con el valor agregado de las apremiantes situaciones que se han presentado en los últimos días, la Dirección de Transporte y la Policía deciden actuar para evitar que las personas sigan soportando ‘el reinado de los conductores y empresas’ y las consecuencias de unos pocos agentes que desconocen o confunden cuáles son las normas que deben hacer respetar.

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