Una decisión arbitral encontró a la empresa Transmilenio responsable por la demora de casi nueve años en el inicio de la construcción de la troncal del los buses articulados que serviría a Soacha. Por ello se le obliga a pagar $52.200 millones que se le deberá entregar a dos operadores privados.


El laudo o sentencia es producto de un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá. En la decisión del pasado 21 de diciembre, pero dada a conocer ayer, los árbitros concluyeron que Transmilenio debe pagar $28.800 millones a Transmasivo y $23.400 millones a Somos K, para un total de $52.200 millones que Transmilenio deberá entregar a estos dos operadores privados del sistema por demorarse casi nueve años en poner a funcionar la troncal hasta Soacha. La decisión además abre la posibilidad para que otros operadores hagan reclamos similares ante el retraso en la construcción de troncales.

Según los operadores, en la licitación en que les fue adjudicada la segunda fase del sistema en 2002 (segundo gobierno de Antanas Mockus), se incluía la prestación del servicio en el corredor vial que conecta a Bogotá con Soacha. En el cronograma incluido en esa licitación, dicha ruta debía entrar en operación en mayo de 2005 (alcaldía de Luis Eduardo Garzón). Sin embargo, los articulados solo comenzaron esa ruta en diciembre de 2013 (administración de Gustavo Petro).

Según lo expuesto por los dos concesionarios y tenido en cuenta por la mayoría de los árbitros, menos la presidenta del tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio, fue que sin ese corredor vial tuvieron que mover sus buses por las otras rutas de la fase II que tenían asignadas, durante un tiempo equivalente a 16 meses adicionales, con el fin de cumplir con los más de 400 millones de kilómetros para los que fueron contratados. Y operar ese tiempo extra, aseguraron, los llevó a incurrir en gastos que no les correspondían y por los que Transmilenio debe indemnizarlos.

Sin embargo, según Transmilenio, la presidenta del tribunal, Carmenza Mejía, habría manifestado: “En ningún caso debía haberse encontrado configurada la responsabilidad de la convocada, pues TRANSMILENIO S.A. no estaba obligada frente a los concesionarios a la implantación de las nuevas troncales de la fase II del Sistema, ni estos tenían derecho a su operación específica y exclusiva”, manifestó Mejía.

Basado en estas declaraciones de la presidente del tribunal arbitral, Transmilenio ha dicho que respeta pero rechaza lo establecido en el laudo arbitral que condena a la empresa del Distrito y que iniciará las acciones legales pertinentes para modificarlo.