Un hallazgo en apariencia mínimo se convirtió en la pista que permitió destapar uno de los crímenes más sonados de los últimos meses en Cundinamarca.

El caso parecía un robo que había salido de control. Sin embargo, lo que empezó como la escena de un hurto violento en Ubaté (Cundinamarca) terminó destapando una red de sicarios que operaba en varios departamentos del país. La pista clave no fue un arma ni un testigo: fue una prenda de vestir que permitió reconstruir paso a paso la ruta de los asesinos hasta descubrir quiénes habían planeado y ejecutado el crimen.

La víctima fue Luis Miguel Rocha Calderón, un próspero comerciante y dueño de minas de carbón que había diversificado su fortuna en préstamos millonarios. El 24 de junio de 2025 fue hallado sin vida dentro de su vivienda en el barrio San Francisco. Su cuerpo estaba envuelto en sábanas, con señales de golpes, impregnado de olor a cloro y con quemaduras en la piel provocadas por ese químico.

La escena había sido alterada con cuidado: la casa saqueada, 600 millones de pesos en efectivo, joyas avaluadas en 500 millones y títulos por cerca de 2.000 millones desaparecidos.

Los investigadores concluyeron rápidamente que no se trataba de un simple robo. Una deuda millonaria entre Rocha y un socio suyo habría sido el detonante del asesinato. Ese hombre, incapaz de devolver el dinero prestado, habría pagado casi mil millones de pesos a una red de sicarios para quitarlo del camino.

El rastro de los asesinos

La Policía siguió el caso con cámaras de seguridad. Primero, detectaron a extraños entrando a la vivienda mientras Rocha salía a una tienda cercana. Minuto a minuto rastrearon su recorrido hasta establecer que la víctima fue atacada hacia las 7:00 p. m. del 23 de junio.

Las pesquisas llevaron hasta Norte de Santander, donde apareció el nombre de un viejo conocido: alias Cardi o Mechas, jefe de la oficina de sicarios “los Toches” o “los Turcos”, con base en Cúcuta y enfrentados a la banda AK-47 por el control del microtráfico. Él fue quien habría coordinado todo y contratado a alias Jorman, encargado de la logística.

De allí partieron los homicidas hacia Medellín, luego a Bogotá y finalmente a Ubaté. En los registros de hoteles y compras, los investigadores notaron que usaban documentos alterados o con identidades falsas.

El grupo estaba compuesto por seis personas: alias Tilapia, Eric y Freddy, los encargados directos de la ejecución; alias Kelly y Bairon, que fingían ser pareja y actuaban como campaneros; y alias David Durán, quien se movilizaba en moto para vigilar la zona.

Así fue el crimen

El 23 de junio, Rocha salió de su casa a comprar víveres y dejó la puerta entreabierta. Ese instante fue aprovechado por Tilapia, Eric y Freddy para ingresar y esperarlo adentro. Cuando el comerciante regresó, lo sometieron a golpes y lo torturaron hasta matarlo, para luego llevarse gran parte de sus pertenencias.

Uno de los asesinos vestía un buso verde. Ese detalle, que parecía insignificante, se convirtió en la pieza clave de la investigación: permitió rastrear a los homicidas en videos de cámaras de seguridad desde Ubaté hasta Cúcuta, reconstruyendo su ruta de escape.

La caída de la banda

Con las pruebas en mano, las autoridades desplegaron allanamientos en Cúcuta, Piedecuesta y Ubaté. Allí capturaron a cinco de los implicados: los tres autores materiales (Tilapia, Eric y Freddy), junto con Bairon y David Durán. En los operativos también fue detenido el padre de alias Eric, a quien le encontraron 2.730 dosis de base de coca listas para la venta y dos armas de fuego.

Todos los capturados tenían antecedentes por tráfico de drogas y armas, y fueron enviados a prisión.

Quedan dos prófugos: alias Kelly y alias Jorman. Sobre este último hay indicios de que huyó a México, por lo que la Policía trabaja en coordinación con la Interpol para rastrearlo en el extranjero.

Más preguntas que respuestas

Aunque gran parte de la red fue desmantelada, las autoridades aún intentan establecer quién dio la orden final de asesinar a Rocha Calderón y cuál fue el monto real de la deuda que desencadenó la tragedia. Lo que sí está claro es que la fortuna del comerciante, su capacidad de prestar grandes sumas y la imposibilidad de cobrar una de ellas terminaron convirtiéndose en la sentencia de muerte que firmaron sus propios socios.

Foto: Archivo Periodismo Público

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