Vecinos de la ronda del Río Soacha piden claridad sobre la situación de sus predios

Personas afectadas aseguran haber vivido durante más de cinco décadas al lado de la ronda del río Soacha, por lo tanto dicen que al construir sus predios acogieron la norma que para ese entones estaba vigente, la cual estipulaba que la distancia del centro del afluente a las viviendas debía ser de siete metros. Ahora con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no saben cuál será el futuro de sus predios, puesto que se estipula que las viviendas deben estar mínimo a 30 mts del caudal.


“Nuestras casas están construidas en la ribera del río, tenemos un gran problema porque no sabemos si son 7, 15 o 30 metros de ronda. La mayoría de estas casas están construidas desde hace décadas y en el momento en el que fueron edificadas la norma era explicita en permitir la construcción de hogares a siete metros de distancia, como mínimo. Pero actualmente con la modificación del POT las viviendas con el inconvenientes no fueron incluidas en la legalización del barrio y por lo tanto tampoco han podido acceder a servicios básicos como el gas”, explicó, Neila Toloza, residente afectada.

El Plan de Ordenamiento Territorial es especialmente cuestionado por los habitantes de la Comuna dos quienes argumentan que la cantidad de años durante los cuales han residido cerca del río deberían ser tomados en cuenta para crear zonas de excepción, que se aplique un plan de desarrollo que influya de forma positiva sobre la recuperación del afluente y que se respete el “derecho de permanencia” del que deberían ser merecedores.

Sin embargo, la comunidad que se siente afectada aclara que el inconveniente que presentan y del cual se derivan problemas más graves, es que no saben qué norma es la que se encuentra en vigencia, y en caso de ser necesarios los 30 metros – tema por el cual no se han legalizado varias zonas de diferentes barrios y carecen de servicios – cuál será el futuro de sus hogares y qué tipo de acciones deberían esperar por parte de la administración municipal.

“No nos han permitido hacer la instalación de los servicios públicos en algunos sectores, argumentando que el suelo en el que las casas fueron construidas no son aptos para vivienda, lo que tampoco ha permitido la legalización de los mismos y el atraso con nuestros barrios vecinos es más que evidente. En caso de que sea definitivo el POT que exige una distancia de 30 metros de la ronda del río, necesitamos saber si el gobierno municipal estaría dispuesto a darnos lo que realmente cuestan nuestros predios, ya que la mayoría, por lo menos en el barrio la Unión, contamos con todos los papeles y autorizaciones de construcción expedidas hace años, con las cuales demostramos la legitimidad de la ubicación de nuestros hogares”, explicó William Romero, habitante de la Comuna dos.

Por su parte, Rafael Peñaloza, líder comunal del sector, quien ha residido en el lugar desde hace más de 6 décadas, argumenta que incluso desde aquella época ha mantenido al día todos los documentos reglamentarios con el fin de demostrar la legalidad de los predios.

“Nosotros tenemos los títulos de propiedad vigentes y antiguos en los que cuales se especifica la distancia a la cual estaba permitido ubicar las viviendas del río. Así como nosotros adquirimos nuestros terrenos legalmente, mucho antes de que los actuales gobernantes hubiesen llegado al municipio, no estamos dispuestos a ceder un solo metro de nuestros predios, porque todo estaba perfectamente construido en cumplimiento del plan de ordenamiento antiguo”, manifestó.

Por otro lado, la preocupación de la comunidad es que precisamente al ser una zona sin legalizar, la situación se presta para que invasores se aprovechen y traten de construir casas improvisadas, perjudicando el proceso de legalización que ha estado gestionando la comunidad y como consecuencia directa haciendo un preocupante aporta a la inseguridad del barrio.

“Hace un año mi vecino directo, sin ser dueño de la casa que arrendó, decidió tomar un pedazo de la zona que ya estábamos protegiendo por el río y construyó una especie de depósito, y hace unos días se apropió de otro espacio considerable y construyó una choza, la cual se ha prestado para que delincuentes ingresen por las noches y utilicen el sitio como guarida; sin embargo él no hace caso a las observaciones que toda la comunidad le ha hecho”, destacó Janeth Osorio, habitante afectada.

Justamente, desde la Dirección bioambiental se hicieron las visitas con el fin de trazar la ruta para el dragado del río y mediante dicha intervención, realizada en cabeza de Esperanza Montoya, se trató el inconveniente con el individuo involucrado y se le reiteró que este espacio no es negociable, por tal motivo tras el llamado de atención se espera que retire la improvisada construcción, de no ser así será necesario tomar las medidas correspondientes.

Finalmente, la comunidad agregó que en repetidas ocasiones gestionaron ante la administración municipal de Juan Carlos Nemocón y especificaron que en ninguna ocasión recibieron una respuesta concreta o positiva. Aseguran que especificaban los parámetro del POT actual, sin embargo la mayor inconformidad de ellos nunca fue tratada, razón por la que seguirán insistiendo hasta tener conocimiento del futuro que le espera a sus hogares.

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