Veedurías de Soacha y Cundinamarca deben ejercer un control social responsable
El llamado lo hizo la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca para que la labor de control social esté libre de todo acoso temerario frente a los servidores públicos.
Una veeduría ciudadana es un mecanismo de control social, mediante el cual los ciudadanos vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público, y también del sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público
En desarrollo de la sesión ordinaria llevada a cabo en el mes de junio de 2020, la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca –CRMBC-, exaltó la importante labor que ejercen las veedurías ciudadanas como mecanismo de participación ciudadana en el ejercicio del control social, instrumento consagrado en la constitución y desarrollado a través de la ley 850 de 2003.
Dada la importancia que revisten estas veedurías ciudadanas como coadyuvantes en la lucha anticorrupción y, teniendo en cuenta ciertos inconvenientes presentados con integrantes de estas instituciones, la Comisión Regional hace un llamado para que la gestión desplegada por los veedores ciudadanos se realice bajo los principios que las regenta, especialmente los relacionados con el de Responsabilidad, Eficacia, Objetividad y Legalidad, en razón al alto compromiso social adquirido desde el momento de su constitución, sin permitir que factores externos o internos empañen tan importante y loable gestión encaminada a ese control que les asiste por mandato constitucional y legal.
Por ello, invitó a que esta labor de control social esté libre de todo acoso temerario frente a los servidores públicos y, en cambio, medie una relación de diálogo respetuoso que facilite un armonioso trabajo de vigilancia a la gestión pública en el Departamento.
La Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, reconoce y valora el trabajo realizado por los veedores ciudadanos y los conmina a continuar aunando esfuerzos en la lucha contra la corrupción, seguros de que con sus aportes permitirán obtener una mayor efectividad en el ejercicio de control y vigilancia que despliega esta Comisión.
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Se tiene entendido que la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC ha venido asumiendo la vigilancia a la gestión de los municipios frente a la pandemia del Covid-19 y un seguimiento tanto a su gestión y la ejecución presupuestal. El contralor de Cundinamarca; Edgard Sierra Cardozo, ha requerido a las administraciones municipales remitir a la entidad de control departamental los decretos de urgencia manifiesta y sus respectivos contratos, para el análisis que impone la normativa y ha mostrado preocupación por la contratación que se han denunciado en los diferentes municipios derivados de las medidas de cuarentena que vive el país, y se ha requerido a cumplir con la ley en cumplimiento de su objeto que es la prevención, investigación y sanción de la corrupción en el Departamento.
Mal haría la CRMBC en llamar la atención a las veedurias por sus denuncias y menos a los ciudadanos lo que iría en plena y clara contravia del DEBER DE DENUNCIA (ART. 67 C.P.P.) que tenemos todos los ciudadanos.