Los espacios de participación en torno a las decisiones que influyen en la calidad de vida de la población desplazada y víctima del conflicto en Soacha son escasos y no cumplen las garantías que han sido decretadas a nivel nacional. Los representantes esperan una pronta respuesta del gobierno municipal.


Pese a la entrega del centro regional de víctimas, ubicado en la Comuna cuatro, los miembros de la mesa de trabajo de víctimas de Soacha manifiestan que no podrán hacer un uso efectivo del espacio hasta que no haya complementariedad entre la nación, el departamento y el gobierno municipal; conjuntamente aseguran que carecen de las herramientas para poder funcionar como una organización.

“No vemos hasta el momento que se nos abran los espacios de participación para la mesa, así mismo para poder ejercer nuestra función y gestionar, hacen falta los incentivos establecidos en la Constitución en los cuales se especifica que debe haber un apoyo para transportes y elementos de funcionamiento, sin embargo no contamos con ninguno de los mencionados”, puntualizó Jairo Saboyá, coordinador de la Mesa de víctimas.

Un espacio digno en el cual puedan realizar sus reuniones de plenaria y ejercicios administrativos, con el fin de defender los derechos de las víctimas del conflicto y promover acuerdos que garanticen el cumplimiento de la reparación integral y los presupuestos que deberían estar ejecutándose en pro del bien de este sector de la población residente en Soacha, es el llamado que extiende el representante de la mesa de trabajo de víctimas.

“De acuerdo con el decreto 828, que es el último en representación de los estatutos para la protección de las víctimas en el país, se nos debe garantizar un presupuesto para el correcto funcionamiento de nuestro propósito, que es defender y velar porque las víctimas sean atendidas y escuchas de manera diferencial y diferenciada, pero no hemos visto que se estén implementando a favor de nosotros”, explicó el coordinador.

La gestión de los líderes en representación de las víctimas que han tenido que llegar como población desplazada a Soacha, ha sido perseverante ante la administración municipal. De esta forma ya han pasado los oficios, radicados y documentos necesarios para que se pueda contar con un presupuesto fijo anual en la mesa. Hasta el momento dicen no tener respuesta alguna.

“Vemos con gran preocupación que la participación de la mesa de trabajo de víctimas no está siendo tenida en cuenta en el ente encargado de garantizar los derechos de esta población en el municipio, hace falta fortalecer estos procesos de participación efectiva, para que podamos ser realmente escuchados”, añadió un representante de la mesa, quien prefirió reservar su identidad.

Pese a ver un evidente atraso en el mejoramiento de los mecanismos de participación diferencial para la población víctima del conflicto en Soacha, los representantes de la mesa de trabajo, elegida democráticamente con el visto bueno de la Personería municipal, aseguran que el trabajo constante de sus líderes y la administración de Eleázar González, emprenderá una solución que motive la partición, defensa de los derechos humanos y calidad de vida de las víctimas.

“Para lograr esto es necesario que adelantemos la inclusión y establecimiento de una política pública en Soacha para la población víctima, en la que se garantice a nivel general, salud, educación y empleabilidad de calidad, en la que la participación sea un eje transversal para todas las comunidades que hacen parte de la población desplazada”, terminó Saboyá.