Procuraduría destituye e inhabilita a patrullera de la Policía por agresión a un ciudadano en Bogotá
Aunque la patrullera alegó haber sido víctima de extorsión por parte del ciudadano agredido, la autoridad disciplinaria tomó una decisión en su contra.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por diez años a la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, tras comprobar que incurrió en uso excesivo de la fuerza durante un procedimiento de registro a un ciudadano en el norte de Bogotá.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, donde la uniformada participaba en un operativo relacionado con un presunto herido por arma blanca.
Durante la intervención, Pérez Romero abordó a Juan Sebastián Nova a quien golpeó en el rostro con la tonfa, un elemento de dotación oficial.
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El episodio quedó registrado en video y se viralizó semanas después en redes sociales, generando indignación ciudadana. En una de las grabaciones, se escucha a la víctima exclamar: “La patrullera de esta moto me acaba de dar severo juetazo en la cara sin yo haber hecho nada”, segundos después, el ciudadanos muestra la herida.
Tras analizar las pruebas, el Ministerio Público concluyó que la patrullera desconoció los límites y atribuciones legales en el ejercicio de su función, y que su actuación violó los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza. En consecuencia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la conducta como una falta gravísima a título de dolo, lo que implicó una sanción ejemplarizante en primera instancia.
La funcionaria había sido suspendida provisionalmente desde mayo de 2025 mientras avanzaban las investigaciones. Durante el proceso, Pérez Romero alegó que el golpe fue accidental y presentó una contraversión de los hechos: afirmó haber sido víctima de extorsión por parte de Nova, quien —según su testimonio— le exigió dinero para no divulgar el video.
En su defensa, la acusada adjuntó capturas de pantalla de supuestas conversaciones donde el hombre le pedía sumas de hasta un millón de pesos. Aun así, la Procuraduría no consideró que esas pruebas desvirtuaran la agresión ni atenuaran la gravedad de la falta.
El fallo disciplinario aún puede ser apelado por la defensa de la patrullera, pero marca un precedente importante en los casos de abuso de autoridad por parte de miembros de la fuerza pública.
La Procuraduría reiteró que todos los ciudadanos tienen el derecho a grabar procedimientos policiales y que ese ejercicio no puede ser reprimido ni criminalizado.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se pronunció asegurando que en su administración habrá cero tolerancia frente al abuso policial, y exhortó a la Policía Nacional a fortalecer su formación en derechos humanos y procedimientos ciudadanos.
Este caso, ampliamente difundido en medios y redes, ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza policial y la necesidad de robustecer los mecanismos de control interno y externo sobre los uniformados. La sanción, de confirmarse en segunda instancia, dejaría a Pérez Romero fuera del servicio público hasta el año 2035.
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El caso también fue remitido a la Justicia Penal Militar, donde se investiga por el presunto delito de lesiones personales; esta determinación está motivada por los reportes médicos, ya que Nova presentó hematomas y fue incapacitado por varios días.
Foto: Redes sociales
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