Así operaba el ‘call center’ criminal en Bogotá: extorsiones, suplantaciones y ganancias millonarias

Posted on 24 de junio de 202524 de junio de 2025 by Periodismo Público

Las autoridades iniciaron una investigación que reveló mucho más que llamadas desde prisión.

Al interior del pabellón N.º 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá, operaba una estructura criminal que imitaba la eficiencia de una oficina de atención telefónica, pero al servicio del delito. Hombres privados de la libertad habían montado un auténtico «call center» clandestino desde donde realizaban cientos de llamadas extorsivas a diario, utilizando distintas modalidades de engaño.

Suplantaban a fiscales, funcionarios judiciales e incluso a miembros de la Policía Nacional para presionar a sus víctimas. Otras veces, mediante ingeniería social y manipulación psicológica, se hacían pasar por familiares en apuros o empleados de entidades financieras.

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A través de los mecanismos mencionados, lograban estafar a ciudadanos de distintas regiones del país, generando ganancias ilícitas estimadas en 250 millones de pesos mensuales.

Desde las celdas, los internos contaban con una infraestructura tecnológica que incluía al menos 40 celulares, 60 tarjetas SIM, 15 cables USB, 30 cargadores, e incluso elementos organizativos como libretas donde registraban detalles de cada llamada, guiones de abordaje y respuestas.

Todo estaba dispuesto para mantener un sistema operativo criminal constante. Las cabinas y oficinas marcadas en los teléfonos permitían a cada recluso conocer su “puesto” en esta maquinaria de extorsión.

Pero este entramado no pasó desapercibido. En el marco de la Operación Bogotá, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Fiscalía General de la Nación, desplegó una investigación que permitió detectar los movimientos de la red criminal.

Tras semanas de seguimiento, las autoridades realizaron una diligencia de registro y allanamiento en el pabellón señalado. Además del material tecnológico, encontraron armas cortopunzantes, estupefacientes y licor, lo que dejó en evidencia un ecosistema delictivo mucho más complejo dentro del centro penitenciario.

A partir de esta intervención, se inició un proceso de judicialización por el delito de extorsión agravada. Las pruebas recaudadas, incluidas las libretas y el contenido de los celulares incautados, servirán para avanzar en la imputación de cargos contra los responsables y para trazar posibles vínculos con redes delictivas fuera del penal.

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En lo que va del año, el GAULA de Bogotá ha recibido 764 denuncias por extorsión, y cerca del 45 % de estas llamadas provienen, precisamente, desde establecimientos carcelarios. La Policía Metropolitana reiteró su compromiso de continuar desmantelando estas estructuras desde su origen e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión a través de las líneas 123 o 165.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá