Formalización de tierras: clave para transformar el trabajo del campo en Cundinamarca
Una alianza estratégica, una inversión significativa y una apuesta por el futuro del campo colombiano marcaron el inicio de una nueva etapa en el territorio.
En un esfuerzo por avanzar hacia un campo más justo y con mayores oportunidades, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría del Agrocampesinado, firmó un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Esta alianza, que representa una inversión de 400 millones de pesos, tiene como principal objetivo formalizar la propiedad de tierras rurales, especialmente en la provincia del Guavio y, en particular, en el municipio de Junín.
La iniciativa se centra en la legalización de 60 predios con vocación agropecuaria, mediante un proceso administrativo que garantice seguridad jurídica a pequeños productores. Con esta medida se busca facilitar su acceso a créditos, programas de apoyo estatal y oportunidades de desarrollo, cerrando así una de las brechas históricas más profundas del campo colombiano: la informalidad en la tenencia de la tierra.
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“Esperamos llegar a la legalización de al menos 60 títulos con toda la documentación técnica y jurídica, otorgando así esta titularidad a nuestros campesinos del departamento”, señaló Marcos Barreto, secretario del Agrocampesinado.
El convenio se desarrollará en cuatro etapas: comenzará con una fase de alistamiento y planeación, continuará con actividades técnicas y jurídicas en los predios, avanzará con el acompañamiento en campo y finalizará con la gestión y sistematización de la información recolectada. Cada paso está diseñado para asegurar un proceso riguroso y transparente.
Actualmente, se estima que el 49% de los predios rurales en Cundinamarca no cuentan con títulos legales. Esta situación limita gravemente las posibilidades de crecimiento de miles de familias campesinas.
Por lo anterior, la Gobernación se ha propuesto como meta la formalización de 1.000 predios durante el año 2025, como parte de una estrategia más amplia para garantizar inclusión, legalidad y desarrollo rural.
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Este esfuerzo no es aislado. Hace parte de una apuesta nacional por transformar la realidad del campo colombiano. La formalización de la propiedad rural no solo significa seguridad jurídica; también es la puerta de entrada a una vida con mayores garantías, apoyo estatal y nuevas posibilidades de progreso para quienes, durante años, han trabajado la tierra sin contar con un título que lo respalde.
Foto: Archivo Periodismo Público
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