Mientras los transportadores buscan cómo llegar a destino sin perder un día entero en carretera, el Gobierno analiza una solución que podría transformar uno de los corredores más críticos del país.

Desde que un deslizamiento de tierra interrumpió el paso por el kilómetro 18, en jurisdicción de Chipaque, el 6 de septiembre, la movilidad entre el centro del país y los Llanos Orientales se volvió una odisea. Miles de conductores, en su mayoría transportadores de carga, enfrentan largas filas, pasos restringidos y recorridos que pueden tardar hasta catorce horas, cuatro veces más de lo habitual.

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Ante este panorama, las autoridades nacionales y departamentales se reunieron en el Puesto de Mando Unificado Nacional del 27 de septiembre, con el objetivo de definir acciones que permitan aliviar el tráfico y garantizar la conectividad. Allí, surgió una propuesta que ha despertado expectativa entre los gremios: ampliar la variante Bogotá–Villavicencio a doble calzada.

La iniciativa, que se encuentra en fase de evaluación técnica y presupuestal, busca ofrecer una solución estructural a los constantes bloqueos en el corredor. Durante el encuentro, liderado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, participaron también los gobernadores de Cundinamarca y Meta, representantes de la ANI, Invías, Coviandina y varios alcaldes locales.

Por ahora, el Gobierno ratificó la continuidad de la estrategia 4×2, que permite el paso alternado de vehículos en el tramo afectado. Sin embargo, la medida es apenas paliativa. La verdadera apuesta está en determinar si es viable convertir la variante en una vía de doble calzada, lo que permitiría habilitar el tráfico bidireccional y reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento.

Además, se estudia el mejoramiento de la vía antigua Bogotá–Villavicencio, en el tramo Juan Rey–Boquerón II. Los trabajos de fresado, que serían coordinados entre el Invías, la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito, apuntan a reforzar las rutas de apoyo mientras se define la intervención principal.

Un corredor indispensable para el país

La carretera Bogotá–Villavicencio es el principal acceso hacia los Llanos Orientales y un eje vital para el transporte de carga y pasajeros. Según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), por allí transitan a diario cerca de 10.000 vehículos, de los cuales unos 4.000 corresponden a camiones de carga.

El cierre parcial ha puesto en evidencia la falta de rutas alternas en condiciones óptimas. La transversal del Cusiana sigue afectada por daños sin reparación definitiva, mientras que la transversal del Sisga mantiene restricciones por deslizamientos y lluvias.

Para Colfecar, la situación no puede seguir tratándose como una emergencia pasajera. El gremio insiste en que se requiere un plan integral y coordinado entre el Ministerio de Transporte, la ANI y el Invías, enfocado no solo en habilitar el paso, sino en fortalecer la infraestructura y prevenir futuras emergencias.

Entre las principales preocupaciones del sector está la falta de control territorial y ambiental. Prácticas como la desviación de cauces de agua, la obstrucción de obras hidráulicas o la ocupación de zonas de expansión vial aumentan el riesgo de desastres y agravan la vulnerabilidad de la vía.

Por ello, Colfecar ha solicitado al Gobierno que garantice la transparencia en la ejecución de los $40.000 millones asignados en 2023 para priorizar obras, y que se desarrolle una matriz nacional de Eventos Eximentes de Responsabilidad (E.E.R.), con el fin de hacer seguimiento a las afectaciones que comprometen la movilidad en las principales carreteras del país.

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En medio del debate, los conductores siguen a la espera de una solución definitiva. Cada día en la variante se convierte en una prueba de paciencia y resistencia, mientras el país observa cómo un derrumbe dejó en evidencia la urgencia de repensar su infraestructura vial.

Foto: Archivo Periodismo Público

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