Falsos positivos serán crímenes comunes, no militares

Así lo afirmó el senador Roy Barreras cuando se aprobó el fuero militar en el congreso, la medida ha generado cuestionamientos y polémica en diferentes sectores políticos y ciudadanos.


En la jornada de aprobación, la Cámara de Representantes hizo lo propio durante más de 10 horas tras debatir y votar el articulado. La votación fue de 103 sufragios a favor contra seis en contra. El proyecto establece, entre otras muchas cosas, cuáles casos serán juzgados en el futuro por la justicia militar y cuáles por la justicia ordinaria o civil.

Reacciones de los opositores

La aprobación de la ley en las dos cámaras «es un retroceso», sostuvo el congresista de izquierda Iván Cepeda, uno de los más aguerridos opositores al polémico proyecto.

«Esto fue una pésima decisión del Congreso que sigue las orientaciones del presidente Santos», indicó el senador Jorge Enrique Robledo, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

«Aquí lo que se abre es el camino para que aumente la impunidad en Colombia, y no es bueno que haya impunidad con la vida de los colombianos», agregó Robledo, quien además recordó que las Naciones Unidas habían hecho constantes reparos públicos a la ley que se aprobó ayer lunes.

«No debe caber duda a la opinión pública nacional e internacional acerca de que estas formas de violación de derechos humanos (como ejecuciones extrajudiciales), estos crímenes de lesa humanidad, terminarán en juzgados militares», enfatizó el congresista Cepeda.

Pese a críticas como las de Robledo, el gobierno de Santos ha dicho que la ley sobre fuero penal militar no pretende impunidad respecto de los militares que eventualmente cometan crímenes. De hecho, en la jornada el ministro del Interior, Fernando Carrillo, invitó a aprobar el articulado e insistió en que no habrá impunidad para los uniformados que transgredan la ley.

Falsos positivos tema recurrente de análisis

Pero para el senador oficialista Roy Barreras, presidente del Congreso, con la aprobación del proyecto «hemos cumplido con el compromiso de devolverles la seguridad jurídica a nuestras fuerzas militares». Según dijo Barreras «los ‘falsos positivos’ (o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares) son crímenes comunes, son homicidios en persona protegida, homicidios agravados que irán a la justicia penal ordinaria».

Fue una referencia directa a uno de los temas más polémicos: las ejecuciones extrajudiciales, cuya definición no existe en la legislación colombiana. Una definición está en el texto del fuero y ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales, que consideran que deja la puerta abierta para que tales crímenes queden bajo la justicia castrense, de la que se critica es ineficaz y favorable a los oficiales de alto rango.

El caso de Soacha desembocó en una purga en las fuerzas militares en octubre del 2008, en la que fueron dados de baja o pasados a retiro 27 uniformados, entre ellos tres generales del ejército. Según el senador Juan Carlos Vélez, el proyecto pasará el miércoles a conciliación entre las dos cámaras, con el fin de ajustar aquellos artículos en los que las cámaras alta y baja no se pusieron totalmente de acuerdo en su redacción.

El Ministerio de Defensa había presentado el proyecto en marzo pasado. El miércoles, antes de la votación del primer bloque de artículos sobre el fuero, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, había defendido ante los senadores el texto y dijo que «casos como los de Soacha no tendrán en ningún caso espacio en la justicia penal militar». Las cifras más recientes de la Fiscalía, actualizadas a febrero pasado, dan cuenta de que al menos 3.000 colombianos fueron ejecutados extrajudicialmente, sobre todo en los últimos cinco años, aunque hay registros similares desde finales de la década de 1980.

Por esos hechos más de 4.600 uniformados y colaboradores civiles han sido procesados y, en muchos casos, condenados.

Fuente: Larepublica.com

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