Desde 2024, se ha recibido múltiples casos de ciudadanos cuyos bonos tipo A aún no han sido reconocidos ni pagados.

La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas por el retraso en el pago de bonos pensionales tipo A en el departamento de Cundinamarca.

La situación ha generado preocupación debido a la creciente cantidad de quejas recibidas por parte de ciudadanos que, tras años de trabajo, no han logrado acceder a su pensión por cuenta de estos incumplimientos.

Los hechos se conocieron durante una mesa de trabajo convocada por la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, en la que participaron representantes del Ministerio de Hacienda, la Contraloría de Cundinamarca, la Unidad de Pensiones del departamento, funcionarios del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), alcaldías municipales, hospitales públicos y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

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El objetivo de dicha reunión fue revisar el estado actual del pasivo pensional asociado a estos bonos y encontrar soluciones inmediatas.

Desde 2024, la entidad de control ha recibido múltiples casos de ciudadanos cuyos bonos tipo A aún no han sido reconocidos ni pagados, lo que impide que se hagan efectivos sus derechos pensionales. “No reconocer los derechos pensionales de los ciudadanos afecta su mínimo vital”, advirtió Mónica Ulloa, procuradora delegada, durante la reunión.

Como resultado del encuentro, la Procuraduría hizo un llamado urgente a las entidades implicadas para agilizar los trámites, proponer soluciones concretas y garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia pensional. Asimismo, anunció que en los próximos días se convocará una nueva mesa de seguimiento para evaluar los avances y acuerdos logrados.

¿Qué son los bonos pensionales tipo A?

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Los bonos pensionales tipo A son títulos emitidos por la Nación para reconocer el tiempo laborado por los trabajadores antes de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS).

Estos bonos permiten calcular el valor que el Estado debe aportar al fondo privado del trabajador para que este complete su capital pensional.

En el caso de los empleados públicos o de entidades descentralizadas, estos bonos representan una deuda que debe ser pagada por las entidades territoriales o por la Nación, según corresponda. La demora en su pago retrasa el acceso a la pensión, afectando directamente a los beneficiarios.

Foto: Freepik

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