Dentro del proceso por restitución de vías públicas que el municipio adelanta contra el conjunto residencial San Carlos y luego de la última inspección que se realizó a la urbanización el pasado viernes, ahora la decisión está directamente en manos de la alcaldía municipal, a través de la dirección de Apoyo a la Justicia.


alimentadores.1.jpgEl inspector tercero municipal de policía, José Próspero Oviedo, dijo que el trabajo que se le encomendó para este caso específico terminó con la inspección ocular del viernes. «Mi función era recaudar pruebas y ya se hizo; hoy se continuó la diligencia que se había suspendido, mientras el perito o funcionario de Planeación daba su concepto. Como ya terminamos el dio el peritazgo pertinente y ahora todo el proceso se remite a Apoyo a la Justicia para que ellos decidan», concluyó Oviedo.

De los 1.410 copropietarios, alrededor de 1.350 reclaman el espacio de las zonas comunes como propio y argumentan que por razones estrictas de seguridad, la urbanización debe seguir siendo un conjunto cerrado. Por este motivo esperan con ansiedad un fallo positivo por parte de la Alcaldía municipal.

El administrador del conjunto, Hernando Corzo, solicitó a la Dirección de Apoyo a la Justicia que tenga en cuenta que el encerramiento se hizo dentro de las áreas comunes que petenecen a la comunidad. Dijo que el muro impide la invasión de ladrones porque casi todo el conjunto limita con potreros, y ahora con las desoladas casas de Parques del Sol. «Lo único que hacemos es protegernos por que el Estado no tiene las herramientas suficientes para hacerlo», agregó.

Corzo se mostró tranquilo y dijo que todo está dado para que el municipio le halle la razón al 95% de los copropietarios del conjunto, más aun cuando lo que reclaman está soportado con documentos y el mismo permiso que el alcalde y concejo de ese entonces (1994) dieron con el fin de construir el cerramiento de la urbanización.

Cabe recordar que contra el conjunto residencial San Carlos, el municipio adelanta un proceso por restitución de vías públicas según lo ordenado en la resolución 262 de abril 6 de 2009. La diligencia fue asignada a la Inspección tercera de Policía, entidad que ha venido realizando las visitas respectivas con el fin de adelantar pruebas y enviarlas a la Dirección de Apoyo a la Justicia para que esta dependencia decida si el muro de cerramiento es legal, como lo argumenta el 95% de los residentes, o en su defecto se debe derribar.