Así frenaron una construcción ilegal que ponía en riesgo una quebrada clave en Cundinamarca
Una construcción ilegal, levantada sobre terreno inestable y a pocos metros de una quebrada en Cundinamarca, fue suspendida por la CAR tras una denuncia ciudadana.
Una alerta de la comunidad fue clave para que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendiera una construcción ilegal en la vereda El Resguardo, en el municipio de Guayabal de Síquima. La vivienda, de aproximadamente 52 metros cuadrados, se estaba levantando sin licencia urbanística ni diseño técnico aprobado, y en una zona de alta sensibilidad ambiental, la ronda de la quebrada Honda.
El equipo técnico de la CAR, en coordinación con la Alcaldía Municipal, constató que la obra se ubicaba a menos de 30 metros del cauce de la quebrada, dentro del área forestal protectora. Según la normatividad vigente, esta intervención está prohibida debido al impacto negativo que puede generar sobre los ecosistemas y el recurso hídrico.
“Identificamos una construcción en una zona que afecta directamente una quebrada de gran importancia, que alimenta al río Síquima. Esta situación compromete un afluente vital para la comunidad”, señaló Juan Carlos Escobar, director regional Magdalena Centro de la CAR.
Pero la afectación no era solo ambiental. El informe técnico reveló que la zona presenta una inestabilidad geológica evidente. La construcción estaba asentada en una ladera con pendiente superior a 45 grados, en la que ya se observaban desprendimientos de tierra y obstrucción del sendero por deslizamientos, lo que representaba un alto riesgo para quienes habitaban la estructura.
“Pudimos confirmar problemas estructurales derivados del terreno inestable. Esta situación representa un riesgo inminente para la vida de las personas que allí vivían”, explicó Escobar.
Además del riesgo de deslizamientos y el impacto sobre la quebrada, la construcción había causado pérdida de cobertura vegetal y afectaciones al suelo. La CAR reiteró que continuará realizando vigilancia activa en coordinación con las autoridades locales, para prevenir nuevas ocupaciones irregulares que pongan en riesgo a las personas y a los ecosistemas.
Foto: CAR