La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) decidió ponerle freno a esta práctica y desplegó un plan de operativos que ya deja cifras contundentes y varios responsables ante la justicia.

En medio de la crisis por el racionamiento de agua que afectó a Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, salió a la luz una realidad inquietante: mientras miles de ciudadanos hacían filas para llenar baldes y contaban cada gota en sus hogares, había grupos dedicados a robar el agua del sistema oficial para luego revenderla en carrotanques como si se tratara de un negocio cualquiera.

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Durante agosto, equipos de la EAAB acompañados por la Policía Nacional recorrieron 20 localidades de la capital y el municipio vecino de Soacha. No se trataba de visitas de rutina: el objetivo era desenmascarar conexiones clandestinas, manipulaciones de redes y fraudes que drenaban recursos del sistema y golpeaban el bolsillo de todos los usuarios.

En total, se realizaron más de 690 inspecciones a viviendas, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de carros. El resultado sorprendió incluso a las autoridades: 676.753 metros cúbicos de agua recuperados, que representan cerca de 5.000 millones de pesos facturados.

La magnitud del hallazgo es evidente si se traduce en términos cotidianos: esa cantidad de agua sería suficiente para abastecer durante un mes a más de 61.000 familias de estrato 3. En otras palabras, mientras una parte de la población seguía con restricciones, otra estaba desviando el líquido vital para su beneficio económico.

Del volumen recuperado, 94.234 metros cúbicos provenían directamente de fraudes, conexiones fraudulentas que, de no haberse detectado, habrían significado pérdidas cercanas a los 586 millones de pesos.

Pero más allá de los números, el golpe revela un problema de fondo: el robo de agua no es un hecho aislado, sino una práctica que se ha extendido y sofisticado en varias zonas de la capital.

Un delito que golpea al servicio público

El fenómeno quedó al descubierto con mayor fuerza durante los meses del racionamiento. Según los reportes de la EAAB, las localidades más críticas fueron Engativá, con el 15% de los casos; Kennedy, con el 9,5%; y Bosa, con el 8,6%. Allí se detectaron redes manipuladas, válvulas alteradas y conexiones ilegales que no solo restaban presión al servicio formal, sino que generaban un millonario hueco financiero para la empresa.

La situación es tan seria que la EAAB interpuso 39 denuncias ante la Fiscalía por el delito de defraudación de fluidos. Estos procesos judiciales corresponden a un volumen de 241.086 metros cúbicos hurtados, valorados en más de 2.100 millones de pesos. Con esta estrategia legal, la entidad busca no solo recuperar recursos, sino enviar un mensaje ejemplarizante: robar agua es un delito que afecta a toda la ciudad y que tendrá consecuencias penales.

Uno de los episodios más escandalosos se descubrió en la localidad de San Cristóbal. Allí, en un parqueadero aparentemente común, las autoridades encontraron una conexión clandestina desde la cual se extraía agua directamente de la red oficial. El líquido no se usaba para consumo interno: era vendido en carrotanques a terceros, como si se tratara de un negocio paralelo y perfectamente planeado.

El cálculo es indignante: 4.238 metros cúbicos robados, con un valor estimado en 46,4 millones de pesos. El propietario del lugar fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La ciudadanía, pieza clave

La EAAB insiste en que el éxito de esta lucha depende también de la colaboración ciudadana. Por eso, invita a reportar cualquier manipulación ilegal de las redes a través de la Acualínea 116 o al correo recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co. Cada denuncia puede evitar pérdidas millonarias y, sobre todo, contribuir a que el agua llegue de forma legal, segura y equitativa a quienes realmente la necesitan.

Con estos operativos, el Distrito busca no solo frenar el robo de agua, sino también proteger un recurso que es cada vez más valioso. En una ciudad que hace apenas unos meses vivió la angustia de la escasez, la existencia de mafias que comercializan el agua de manera clandestina es una alerta que no se puede ignorar.

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Las acciones de control y las denuncias judiciales son una señal de que el Estado está decidido a cerrarles el camino a quienes convierten el líquido vital en un botín.

Foto: Archivo Periodismo Público

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