Crisis en el Punto de Atención a Víctimas de Soacha

Posted on 5 de abril de 2013 by Periodismo Público

Amenazas, agresiones físicas y verbales, e incluso porte de armas entre quienes acuden a este lugar, fueron algunas de las irregularidades denunciadas por varios funcionarios del Punto de Atención a Víctimas, quienes manifestaron el temor que sienten debido a las situaciones que se vienen presentando al interior de este lugar, lo que representa un riesgo permanente para ellos.

El Punto de Atención a Víctimas (PAV), más conocido como UAO, es la dependencia que se encarga de atender y ofrecer asistencia a todas aquellas personas que diariamente llegan al municipio provenientes de alguna región del país, en condición de desplazados. Esta es una oficina que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que significa que es una entidad del orden municipal, que de acuerdo a la Ley y a la norma vigente, tiene la responsabilidad de atender y resolver los requerimientos de todas aquellas personas que se declaran como víctimas de la violencia generada por el conflicto armado interno del país.

La entidad actualmente se encuentra ubicada en la Cr.8 entre calles 17 y 18 del barrio Lincoln, donde a diario es normal ver largas filas de personas que acuden al sitio para que algún funcionario le resuelva su situación o le ofrezca una solución temporal a la misma, haciendo uso de la denominada ‘Ruta de atención’, que no es otra cosa que el conducto regular que se debe seguir para asistir a todo aquel que se declare como víctima de la violencia.

Sin embargo, aunque aparentemente todas las personas que acuden al PAV son personas categorizadas como ‘víctimas de la violencia’, las denuncias hechas por los funcionarios antes mencionados indican que esto no es así, teniendo en cuenta que según lo mencionaron ellos mismos, muchas veces se trata de inescrupulosos que aparentan ser víctimas para hacerse a las ayudas que el Estado entrega a esta población, así no las necesiten ni las merezcan.

Respecto a lo anterior, vale la pena mencionar que en el momento en que por X o Y circunstancia se niega la asistencia por parte del PAV, o esta tarda en hacerse efectiva, se generan las agresiones, las amenazas, los insultos y todas las demás situaciones irregulares que desde hace tiempo se vienen presentando allí:

“Frecuentemente hay fallas en el sistema de información, este es un problema que se presenta a nivel nacional, porque es una base de datos que se maneja a nivel nacional directamente por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas de la Violencia del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Como siempre se presentan dificultades y demoras en la verificación de los datos para determinar la condición de víctima que tienen las personas, esto hace que se genere molestia entre ellos, de ahí que se presenten las agresiones y todas estas situaciones que se viven dentro del PAV”, explicó una funcionaria que solicitó la reserva de su nombre por motivos de seguridad.

Diariamente el PAV atiende a un promedio de 300 a 400 personas, entre estas las que recién llegan al municipio, quienes están en proceso de verificación de su situación y los que ya están activos dentro de los programas sociales direccionados desde el DPS y coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social.

Se debe tener en cuenta que en el momento en que llegan al PAV, muchas de las víctimas son enviadas inicialmente a un albergue, donde permanecen temporalmente mientras se define en qué sitio van a ser ubicadas por el municipio, y qué tipo de atención se les va a dar. Sobre este tema, los funcionarios que hablaron con Periodismo Público.com señalaron que allí se han conocido casos de consumo de drogas, e incluso agresiones entre las mismas supuestas víctimas que son alojadas en el albergue. Aunque la valoración de quienes aseguran ser víctimas debería durar máximo dos meses, este proceso en ocasiones tarda hasta seis meses o más.

“Uno sabe que entra todos los días al PAV, lo que no sabe es si al terminar el día va a salir. Acá tenemos apenas dos vigilantes, no contamos con el apoyo de la Policía y las condiciones de seguridad son bastante deficientes. En más de una ocasión hemos tenido que lidiar con la agresividad de las personas que vienen acá, incluso muchos de ellos lo cogen entre ojos a uno, porque consideran que los funcionarios somos los que dificultamos la atención que requieren.
Muchas veces guardan tanto resentimiento con nosotros que nos esperan a las afueras de las instalaciones para agredirnos. Nos hemos dado cuenta que varias de estas personas vienen acá armadas, y las condiciones que tenemos nos impiden hacer un control de esto”, expresó otra funcionaria del PAV que también pidió la reserva de su nombre.

“Nosotros ya hemos denunciado varias veces lo que está pasando dentro del PAV, sin embargo no nos han prestado la atención suficiente, a pesar de la complejidad de la situación. Muchos venimos a trabajar con miedo, no sabemos en qué momento una de estas personas que se hacen pasar por víctimas nos hagan algo o tomen represalias en contra nuestra, porque es claro que así la mayoría sí sean verdaderas víctimas de la violencia, muchos otros son falsas víctimas, e incluso reinsertados o miembros activos de grupos armados ilegales que buscan ‘colarse’ en las ayudas que entrega el Estado a las víctimas”, manifestó otro funcionario.

¿Hay un filtro para determinar si una persona es víctima?

A propósito de las declaraciones entregadas por los funcionarios del PAV, Periodismo Público consultó con la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de conocer cómo se realiza el proceso de verificación para determinar si una persona que se declara víctima realmente tiene esta condición. Aunque los funcionarios que hablaron por este medio indicaron que están al tanto de la situación manifestada por los trabajadores que laboran en esta dependencia, guardaron reserva respecto a entregar detalles del proceso que se sigue tan pronto como una víctima es remitida de la Personería Municipal al PAV para empezar a implementar la atención que por ley el gobierno municipal debe dar a esta población.

Cabe resaltar que todo el registro de víctimas, la información y la potestad de determinar quién es víctima y quién no, recae en la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, por lo que tanto la Personería y la Secretaría de Desarrollo Social, simplemente se limitan a recibir las declaraciones y poner en marcha la ruta de atención, cumpliendo lo que determina la ley en cuanto a la atención de estas personas, pues lo claro es que para todos los casos hay presunción de que efectivamente hay situaciones de violencia y victimización, por lo tanto no se le puede negar la atención a nadie.

Según explicó el Personero de Soacha, Henry Sosa, el proceso de reconocimiento de una persona como víctima tiene dos etapas; la primera que es cuando la persona se acerca a la Personería, hace una declaración y manifiesta los hechos que vivió. Dependiendo de esa declaración, se activan unos mecanismos para la atención de estas personas, básicamente en lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria (vivienda o albergue) de manera inmediata. Esta atención es provisional por un término máximo de tres meses, mientras la Unidad de Víctimas determina si los hechos declarados permiten que se haga el reconocimiento como víctimas.

Pasado este periodo, la Unidad de Víctimas informa a la Personería si efectivamente la persona declarante ha sido incluida dentro del censo de víctimas. A partir del momento en que esa persona es certificada, entra a gozar de todos los beneficios y los programas que por Ley se tienen para las víctimas de la violencia.

Cuando alguien queda excluido de los registros de personas víctimas de la violencia, es porque se considera que no tienen esta condición, o que los hechos que narraron no son hechos victimizantes. En ese caso se procede a determinar si las personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, y en consecuencia se actúa con otros programas de la Secretaría de Desarrollo Social, por medio de los puntajes y la condición que tengan, es decir, si son personas de la tercera edad, habitantes de la calle, damnificados, etc.

“Ahí se presentan dos situaciones, una es que hay personas que creen que los hechos que están declarando son victimizantes, cuando en realidad la Ley no los contempla como tal, entonces ellos no se consideran como víctimas y desde luego no obtienen ese reconocimiento. Otras personas que ya han declarado en otros municipios y que vienen nuevamente a declarar acá porque la Unidad de Víctimas no ha determinado si son o no son víctimas, teniendo en cuenta que en otros lugares les han negado ese reconocimiento, entonces lo que hacen es declarar nuevamente a ver si son reconocidos…

… Hay que tener en cuenta que estas declaraciones tienen unas implicaciones de orden legal, y que faltar a la verdad constituye un delito que es puesto en conocimiento, una vez se establece si el declarante mintió. Lo cierto es que mientras la Unidad de Víctimas no tenga un censo y un control efectivo de las personas que se acercan a declarar, nosotros no le podemos negar a nadie la declaración ni la atención humanitaria que necesite, pues la Ley nos obliga a cumplir esta labor”, sostuvo el Personero de Soacha.

En promedio la Personería está recibiendo entre cinco y diez personas diarias que se declaran víctimas, una cifra bastante alta si se tiene en cuenta que en Soacha hay aproximadamente unas 40.000 personas en esta condición, lo que representa uno de los mayores porcentajes entre todos los municipios del país.

Sobre el funcionamiento del sistema de información y registro, desafortunadamente el año pasado la Unidad de Víctimas tuvo una demora en el reconocimiento de las víctimas, por lo tanto muchos de los términos iniciales se vencieron y eso generó un caos. No obstante, parece que se está trabajando para implementar un nuevo sistema que promete ser mucho más ágil para poder determinar si una persona está o no está dentro del censo, y por supuesto si es o no es víctima, con una mayor prontitud que la que se tenía en años anteriores.

“Sí existe un filtro para las personas que se declaran como víctimas, pero se trata de un sistema al cual no tenemos acceso, porque hasta ahora nos van a habilitar para ello, a fin de que una vez llegue la persona, podamos mirar con el número de la cédula si esta ya ha declarado y en dónde lo hizo, en aras de poder darle una mejor orientación. Mientras no tengamos ese sistema, no le podemos negar la declaración a ninguna persona, sino que una vez recibamos esa información, tenemos que reportarla a la unidad de víctimas. La ruta de atención depende de la declaración y de la situación que manifieste la persona, de acuerdo a lo que necesite, no todas las personas requieren lo mismo…

… La atención de las víctimas es una responsabilidad de los alcaldes y las administraciones municipales, ellos tienen unos recursos inmediatos para eso. Una vez recibimos la declaración, informamos de inmediato a los funcionarios correspondientes para que ofrezca la atención que se requiera, que es canalizada a través del PAV. No podemos generalizar ni asegurar que todas las personas que se declaran como víctimas están detrás de estas irregularidades. Los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía”, concluyó el Personero Henry Sosa.

Como medida de choque a las denuncias de los funcionarios del PAV, las autoridades enviaron agentes de Policía, que están encargados de reforzar la seguridad del sitio y preservar el orden al interior de este lugar.