En el marco de la política nacional de seguridad ciudadana, la policía de Cundinamarca ejecutó nueve allanamientos, donde logró desarticular una poderosa red delincuencial dedicada al narco-menudeo en el departamento.


Luego de recolectar el suficiente material probatorio y las evidencias físicas, personal de la seccional de investigación criminal del departamento solicitó a la Fiscalía General de la Nación las respectivas órdenes de registro y allanamiento a las viviendas que eran utilizadas para el expendio y consumo de alucinógenos.

En la lucha frontal contra las organizaciones delincuenciales que perturban la convivencia y seguridad ciudadana, los uniformados ejecutaron los nueve allanamientos simultáneos en los municipios de: Girardot, Zipaquirá, Chía y guaduas.

En la acción policial se capturó en flagrancia a 25 personas y 6 por orden judicial, junto con una menor de edad que fue conducida por pertenecer a la organización delincuencial a quienes se les incautó: seis mil dosis personales de bazuco, seis mil de marihuana y tres mil dosis de cocaína.

En el municipio de Paratebueno, los uniformados encontraron 150 kilos de base de coca camuflados dentro de las campanas de los frenos de tres vehículos que fueron abandonados por sus conductores cuando los uniformados hacían requisas en un puesto de control.

La red delincuencial también utilizaba viviendas de tipo familiar como centro de acopio donde almacenaban y expendían sustancias alucinógenas, mediante la modalidad del narco-menudeo,

La actividad delincuencial la realizaban especialmente en horas de la noche donde atendían a los consumidores por vía telefónica para hacerles entrega de los estupefacientes a ‘domicilio’.

También involucraban a menores de edad para realizar las entregas de estuperfacientes, con el fin de evadir el control de las autoridades.

Dentro de las viviendas allanadas los uniformados encontraron una granada de fragmentación, un revólver Smith Wesson y 18 municiones de diferentes calibres junto con dinero en efectivo, producto del ilícito.

Las personas capturas fueron judicializadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico fabricación y porte de armas de fuego o municiones, cuya pena estaría entre 10 y 15 años de prisión.

Los inmuebles utilizados para el ilícito fueron presentados para que las autoridades judiciales los sometan a la extinción del derecho de dominio.