“La corrupción ha desbordado la institucionalidad” declaró el procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez. “En todas las áreas de la administración pública hay corrupción” aseguró el fiscal General (e) Guillermo Mendoza Diago. “En el país estamos perdiendo la lucha contra la corrupción” afirmó el auditor General Iván Darío Gómez. El contralor General Julio César Turbay concluyó que “la corrupción es de carácter permanente”.


El que los cuatro máximos funcionarios del país que dirigen los organismos de control del Estado hayan coincidido en asegurar que la corrupción se apoderó el Estado no es un hecho de poca monta que deba pasar desapercibido a los ojos de todos los colombianos.

Cuando el gran escritor ruso León Tolstoi decía que “por entre las líneas de los códigos penales transitaban los criminales” pareciera que se hubiera anticipado a la descripción de los hechos que actualmente caracterizan la gestión de los Estados de muchas naciones, sobre todo las más pobres, entre ellas la nuestra.

Mientras en Colombia cuatro altos funcionarios del Estado coincidían en sus afirmaciones, casi al otro lado del mundo, en Afganistán más exactamente, el reeleccionista Hamid Karzai curiosa y casualmente se comprometía, durante la posesión de su cargo, a “combatir la corrupción y a terminar con la cultura de la impunidad”

Qué relación o relaciones se pueden establecer entre uno y otro escenario tan distantes entre sí?

En primer lugar comencemos por señalar que tanto Afganistán como Colombia son dos países pobres, en segundo lugar, que ambos, y no se qué tanto sus instituciones están permeadas por el tráfico de droga, opio y coca, en tercer lugar, que nuestro país como Afganistán están inmersos en un grave conflicto social, donde el terrorismo de todas las prosapias, en su más dramática expresión, eliminan casi que sistemáticamente la vida de muchísimos de sus ciudadanos, en cuarto lugar, que una de las consecuencias del conflicto en ambos países, son los miles de desplazados que afrontan la más profunda crisis humanitaria, en quinto lugar, que tanto en Afganistán como en Colombia, pero sobre todo en la primera, la presencia militar norteamericana, ejerce control absoluto sobre el país y la región, en sexto lugar, que tanto Uribe como Karzai cuando menos han sido gobernantes reelectos.

Podríamos continuar encontrando más relaciones entre dos países con culturas muy diferentes pero con casi los mismos niveles de corrupción.

Curiosamente el fenómeno de la corrupción tiende a ser una de las características no solo más notorias sino más graves en las que se ven envueltos los gobiernos que se perpetúan en el poder, bien sea electoralmente o de facto, como lo demuestran multitud de experiencias de gobernantes de todas las épocas y de todos los regímenes políticos.

Admitir que la corrupción es inherente al funcionamiento del Estado, como lo afirman veladamente unos, y cínicamente otros, equivaldría admitir como cierta y como máxima moral la expresión alguna vez usada por un presidente colombiano, cuando agobiado por los escándalos durante su gobierno afirmaba que “la corrupción se debería reducir a sus justas proporciones”

Hoy en nuestro país, y después de treinta años, numerosos apologistas del actual régimen, en la practica siguen al pie de la letra este principio, que se hizo célebre durante la dictadura civil, como la definió un prestigioso jurista de la época, al gobierno de Turbay Ayala, que no por azar o coincidencia parece haber cobrado vida con mayor fuerza en este gobierno.

No se si es paradoja o ironía, que a la vez que se denuncian día a día más y mayores actos de corrupción en todos los niveles de la administración del Estado, el actual gobierno crea sin cesar numerosas instancias de control, mientras el fenómeno no cesa de crecer a pesar de ellas.

Humberto Tarquino

angelhumbertotarquino@yahoo.es