Por Guillermo Romero

El miércoles pasado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la creación de un comando para combatir los crímenes cometidos por la población migrante en la capital. Las redes sociales se prendieron acusando esa actitud como de xenofobia.

La propuesta fue rechazada por el Gobierno de Iván Duque y Migración Colombia. “La inseguridad en Colombia no nació con los migrantes”, dijo Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

De otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que dichas políticas públicas “promueven estigmatización y animadversión”.

La Embajada de Venezuela en Colombia emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación ante la propuesta. Claudia López defendió su postura y dijo que «respeta, pero no comparte» la decisión.

La situación obedece al incremento en el número de delitos cometidos por personas venezolanas no sólo en Bogotá, sino en muchas partes del país. Desde cuando se rompieron las relaciones diplomáticas con el vecino país no hay ninguna colaboración por parte de las autoridades policiales para conocer detalles de peligrosos delincuentes que han huido de su país y han encontrado en el exterior, los sitios para cometer sus fechorías.

“Nos parece equivocada esa decisión, nos parece que es permitir no solamente el asalto a la seguridad, sino el asalto a la buena fe de los colombianos y los bogotanos”, puntualizó la alcaldesa.