El primer contrato de un proyecto piloto de fracking en la cuenca media del río Magdalena, más precisamente en el municipio de Puerto Wilches, Santander, firmó el pasado 24 de diciembre el Gobierno Nacional. 

Este acuerdo, firmado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la empresa Ecopetrol con un valor cercano a los 76 millones de dólares, estipula la exploración de fracking en 455 hectáreas. 

Según se lee en el documento, este se trata de un «proceso experimental científico y técnico de carácter temporal, que se desarrolla en un polígono específico y que busca recopilar información social, ambiental, técnica, operacional y de dimensionamiento de los Yacimientos no Convencionales». 

Del total de la cifra del contrato, el cual equivale aproximadamente a $268.000 millones, el 57% será destinado para las actividades de perforación que incluyen los estudios técnicos ejecutados desde la firma del acuerdo, la adecuación de vías de acceso, la construcción de locación de servidumbres, la ejecución de los programas de manejo ambiental, la implementación de la oficina de participación ciudadana, las actividades de la perforación como tal (pozo horizontal y pozo inyector) y la viabilidad operacional.

Entre tanto, 19,7 millones de dólares serán destinados a la fase de completamiento la cual se hará acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado y en la que está incluida la estimulación y fracturamiento hidráulico multietapa en pozo horizontal, el completamiento, que también incluye pozo horizontal y el pozo inyector y la viabilidad operacional.

Por otro lado, 12,5 millones de dólares se invertirán en la caracterización y dimensionamiento del yacimiento, que incluye las facilidades para el manejo de fluidos, mientras que para la fase de abandono y desmantelamiento de la zona se usarán 351.949 dólares.

El contrato estipula una serie de acciones que se realizarán para hacer exploración de petróleo por medio de la técnica de fracturamiento hidráulico (fracturamiento de rocas) e insta a cumplir criterios como la consulta previa con las comunidades y realizar trámites para la expedición de la la licencia ambiental. 

«El contratista debe iniciar el trámite correspondiente a más tardar en 120 días siguientes a la fecha en que obtenga la certificación de no procedencia de consulta previa o que haya surtido dicha consulta previa. Igualmente deberá tramitar oportuna y diligentemente la obtención de permisos, concesiones u otro tipo de autorizaciones ambientales requeridas para el desarrollo de actividades que las requieran», dice el documento.