Después de un año, aún no hay una audiencia para resolver el caso de los “Falsos Positivos”; aunque han disminuido, las amenazas a las madres y familias de los jóvenes continúa.


Ha pasado un año desde que el Juez Cuarto Penal Municipal de Soacha decidió dejar libres por vencimiento de términos a 17 militares implicados en los casos de las ejecuciones extrajudiciales, desde entonces han sido varias las dilataciones que se ha hecho en este caso y hasta el momento es incierta la evolución que el proceso ha tenido. Periodismo Público le cuenta cómo ha avanzado esto.

Tras consultar con la Personería Municipal de Soacha, entidad que se ha abanderado en la búsqueda de la verdad para conseguir que los responsables de estos crímenes sean judicializados; se conoció que se tiene prevista una audiencia para finales de este mes o principio de febrero en las cuales se espera que se logre avanzar en las investigaciones para obtener los resultados que desde hace tiempo esperan las familias de las víctimas.

“El tema ha sido complejo porque muchas de las audiencias se han aplazado, a las familias les duele eso porque entre otras cosas se da por diferentes circunstancias como por ejemplo la influencia de la defensa de los militares. Existe una preocupación porque eso pueda quedar así y es importante seguir evidenciando lo que está sucediendo. Hay cinco casos que nos preocupan porque no se ha hecho ni siquiera la primera audiencia desde la época en que ocurrieron los hechos, existe además una inquietud porque no se ha podido resolver el tema de la competencia territorial y por eso no se han adelantado audiencias. En los otros casos la preocupación es que se aplace y se sigan ampliando los términos impidiendo que se vean los resultados que finalmente quieren las familias: justicia”, explicó Aura Melo, Personera Auxiliar de Soacha y quien ha estado al tanto de este tema desde que se desató el escándalo en octubre de 2008.

La Personera Auxiliar habló además de la preocupación que existe por el tema de seguridad de las familias debido a que este continúa literalmente ‘en el limbo’. Al respecto se dijo que se han efectuado reuniones con diferentes organizaciones y se han propuesto alternativas, pero desafortunadamente nada de eso se ha cristalizado. “En los últimos días se ha conocido la amenaza de una familia que no es de Soacha pero hace parte del grupo de las madres que han trabajado con nosotros, nos preocupa que sean objeto de amenazas por las denuncias que hacen sin que se pueda resolver todavía qué se va a hacer con estas familias o si se les va a dar un esquema de seguridad concreto. Ellas cuentan con un plan padrino y la Policía ha estado acompañándolas constantemente pero falta reforzar eso. Algunas han pedido reubicación y creo que es un tema que está en el tintero, pero desde luego nada es seguro”, agregó Melo.
Cabe anotar que el proceso judicial está en manos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, aunque sin embargo algunos de los casos han sido radicados en Bucaramanga (donde ya se inició el juicio por las víctimas de Bogotá) y Ocaña (Norte de Santander), lugares donde ocurrieron los hechos.

“Hay unas audiencias que están pendientes para ser realizadas en enero y otras para febrero, no tengo fechas exactas, pero en la comunicación que hemos establecido con las familias se dijo que unas que se aplazaron en diciembre se iban a realizar en estos días, es decir finales de enero o comienzos de febrero. Próximamente se conocerán las fechas exactas”, concluyó la Personera.