El anuncio lo hizo ayer el gobernador Álvaro Cruz en la presentación del Informe General del grupo de Memoria Histórica, ‘Colombia Memorias de Guerra y Dignidad’, evento presidido por el presidente Juan Manuel Santos y cuarenta representantes de las víctimas de los hechos más violentos de los últimos 54 años en el país.


Al finalizar la ceremonia, el gobernador Cruz hizo énfasis en el trabajo de su administración para que el departamento sea el primer territorio posconflicto del país. “El compromiso de todo el sistema departamental es que Cundinamarca se convierta en el primer departamento posconflicto. Por eso los municipios de Viotá y La Palma, han sido postulados como los municipios piloto, ejemplo de posconflicto del país”, aseguró.

Durante el informe, se dijo que en los últimos 54 años se registraron en Colombia 220 mil muertos, ocho de cada 10 civiles y el 18% víctimas de grupos armados en conflicto, entre ellos narcotraficantes, paramilitares, criminales, militares y policías, según un informe difundido por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) luego de seis años de trabajo.

El director del equipo Gonzalo Sánchez, explicó que el informe no pretende ser un cuerpo de verdades cerradas, pero incluso con el vacío de los subregistros sobre el número de muertos es como si desapareciera hoy toda la población de Popayán (265.702 habitantes) o Sincelejo (267.702). A ello se suman 25 mil desaparecidos y cuatro millones 763 mil colombianos desplazados de manera forzosa.

La investigación de 400 páginas destaca también, entre los vacíos de los subregistros antes mencionados, los asesinados en ejecuciones extrajudiciales de Soacha y luego reportados como guerrilleros muertos en combate. “Esta es quizás la prueba más contundente de lo desproporcionada e indiscriminada que sido la guerra de más de 50 años en el país”, afirmó Sánchez.

Entregan pruebas sobre asesinatos extrajudiciales

A propósito del informe, esta semana, un perito colombiano y testigo de la Fiscalía mostró ante una jueza bogotana imágenes de los cadáveres de jóvenes ejecutados extrajudicialmente en la central localidad de Soacha, reportados como guerrilleros caídos en combate y conocidos con el eufemismo de “falsos positivos”.

La Fiscalía acusa a 21 militares por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado, en los sucesos ocurridos en enero de 2008 en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. El hecho se destapó por la denuncia del entonces procurador de Soacha Luis Escobar.

El Fiscal del caso afirmó que los uniformados organizaron una red dedicada a buscar jóvenes con promesas de trabajo, conducidos, bajo engaño, a la localidad de Ocaña, en el departamento Norte de Santander, y luego presentados como guerrilleros o criminales muertos en enfrentamientos con el ejército.

El pasado 13 de junio un grupo de madres de 19 jóvenes ejecutados extrajudicialmente y luego registrados como guerrilleros caídos en combate anunciaron que solicitarán a la Corte Penal Internacional su intervención en el proceso contra los militares acusados de esos crímenes. Han transcurrido cinco años desde entonces, dijeron a periodistas, sin que hasta el momento se haya dictado un solo fallo condenatorio contra los militares ejecutores de esos crímenes catalogados como “falsos positivos”.

Las madres de las víctimas también se pronunciaron contra la aprobación por la Cámara de Representantes y el Senado de la Ley de ampliación del fuero penal militar, por considerar que los artículos incluidos favorecerán el traslado de muchos de esos casos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Eso abrirá las puertas a la impunidad, lamentaron.

Desde 2008, tras lo ocurrido en Soacha, se desencadenaron ejecuciones extrajudiciales en otros departamentos colombianos como Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre. A raíz de ello, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas general Mario Montoya renunció a su cargo y fue nombrado embajador en República Dominicana por el entonces presidente Álvaro Uribe.

En 2009 la Fiscalía General tenía bajo investigación 946 casos de «falsos positivos» y la Procuraduría 1.043. Sin embargo a pesar del escándalo suscitado en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en los homicidios habían sido liberados bajo la figura jurídica de “vencimiento de términos”.

Fuentes:Gobernación de Cundinamarca y bolpress.com