Muy orgullosos se encuentran el presidente y su séquito de colaboradores interinos al anunciar a los cuatro vientos y en todos los medios informativos a nivel nacional, que el Estado ha decidido implantar la gratuidad en el sistema escolar estatal, medida con la cual garantizarán el acceso al sistema escolar de nueve y medio millones de niños y adolescentes.


Debido a este despliegue tuve la oportunidad de escuchar en Caracol Radio la correspondiente entrevista a la Ministra de Educación, quien muy oronda y alegre confirmaba el alcance de la medida y sus mil ventajas: que los padres no tienen que pagar un solo peso, que habrá menos deserción, que desde transición hasta once la educación está garantizada, que esto y aquello, más lo otro. Adicionalmente se tocó el tema de la vigilancia al régimen subsidiado, llámese convenios con el sector privado, en el cual los alumnos cubiertos por esta muy buena herramienta tampoco tendrán que desembolsar un solo peso y que en caso de ser solicitado algún pago por parte de la institución, pues vendrán las sanciones.

Ahora bien, yo como padre de estudiantes y por azares de la vida prestador de servicios a una que otra institución educativa pienso: conociendo la calidad de la educación en el sector oficial actualmente, ¿se justifica dicha gratuidad mientras se sacrifica una educación que realmente nos lleve a la altura del mundo en el Siglo XXI ?, los medios que aplauden esta medida ¿realmente vieron sus propios titulares donde analizan los resultados de los estudiantes en las pruebas ICFES (donde especifican que apenas un 2 por ciento de los alumnos tiene conocimientos aceptables de inglés)?, ¿se justifica reprimir a las instituciones privadas cuando el gobierno las manosea descaradamente y realiza pagos a destiempo, y cuándo y cómo quiere?.

A riesgo de que me detesten muchos padres beneficiados y luego de reflexionar largo rato, realmente creo justo poner a juicio de los seguidores de este medio las siguientes consideraciones y anécdotas:

– ¿No se debería exigir un nivel realmente aceptable a los alumnos beneficiados con esta medida?

– ¿Si se exige este nivel, quién nos garantiza que los docentes no se conviertan en víctimas de una generación intocable la cual ha demostrado sus violentos alcances al amenazar o matar a un docente cuando se pierde una asignatura?

– Después de observar un aula donde un docente dicta su materia mientras los alumnos en la parte posterior juegan fútbol, pregunto ¿se merecen estos alumnos dicho beneficio?

– Si los directivos de las entidades privadas deciden rechazar estas presiones, ¿es el Estado capaz de recibir a todos los alumnos que actualmente se benefician de esta medida, mientras cursan sus estudios en instituciones privadas?

– Consientes de los retrasos en los pagos a los colegios privados, ¿Qué nivel de docentes aspira el Estado cubran las necesidades de nuestros hijos, si hay que pagarles cada medio año o más?

– Si las entidades privadas se ven obligadas a continuar con este proceso, ¿habrá que separar alumnos que pagan de alumnos subsidiados y crear un aparteid educativo?.

Sin más deseos de extenderme en esta diatriba, pregunto nuevamente: y si un padre beneficiado acepta las normas del colegio privado y decide firmar un acta de compromiso para cubrir las necesidades de sus hijos ¿Por qué sancionar al colegio?.