En Soacha, una llamada de emergencia abrió un caso que parecía rutinario, pero que terminó destapando viejas heridas y un expediente que la justicia había cerrado hace casi dos décadas.

El 11 de enero, cuando el reloj ya rozaba las diez de la noche, el silencio de la torre 24 del conjunto residencial Hogares Soacha ocultaba un secreto macabro. En el apartamento 101 yacían los cuerpos de un padre y su hija de 27 años. La llamada de emergencia advertía de un hallazgo confuso, y lo que parecía una escena de suicidio pronto se reveló como un crimen cargado de sevicia.

La subintendente Maritza Ibáñez, del laboratorio móvil de criminalística de la Sijín, lo recuerda con claridad. “En mi vida institucional nunca había visto un caso como ese”.

En el lugar, la calma de los pasillos contrastaba con lo que se escondía tras la puerta del apartamento. No había señales de robo. Los objetos permanecían en su sitio. Pero en la habitación principal, las paredes manchadas de sangre narraban una historia distinta de lucha, tortura y resistencia.

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Las primeras versiones hablaban de un presunto abuso del padre hacia su hija, un homicidio seguido de suicidio. El hombre, de 71 años, tenía en su bolsillo la ropa interior de la joven y un cuchillo en sus manos. Pero algo no encajaba. “Las heridas en sus muñecas no eran compatibles con un suicidio”, explicó Ibáñez.

La madre y esposa de las víctimas, acompañada de un vecino, había encontrado la escena. Ella misma contó que días antes habían permitido el ingreso de trabajadores de televisión por cable. Y en ese detalle, aparentemente intrascendente, los investigadores encontraron un punto de partida. Entre la cama y la pared hallaron un tubo metálico con rastros de sangre, pieza clave para desarmar la hipótesis inicial y señalar a un tercero.

Una historia que parecía repetirse

Lo inquietante es que la escena guardaba similitudes con otro crimen ocurrido 19 años atrás, en 2006, en un apartamento 101 de la localidad de Tunjuelito, Bogotá. Allí, Mayra Alejandra Tocora, de 15 años, perdió a su madre, Priscila Samudio, y a su hermano Juan Sebastián, de apenas 8.

Ese día, Mayra salió a comprar materiales escolares y dejó al niño bajo el cuidado de un hombre cercano llamado Alexander Vargas Cortés, compañero de trabajo de su madre en la escuela de reeducación El Redentor. Cuando volvió, su madre estaba muerta en el baño y su hermano apareció horas después, asfixiado detrás de un armario.

“Ahí se me acaba todo”, recuerda hoy Mayra, quien con 34 años revive la tragedia en diálogo con Retrato Hablado de Noticias RCN.

Alexander Vargas fue procesado y condenado a 36 años y 6 meses de cárcel por homicidio agravado y hurto calificado. Pero en 2021, tras apenas 14 años en prisión, obtuvo el beneficio de casa por cárcel. Un fallo que, años después, abriría de nuevo la puerta al horror.

El vecino amable de Soacha

Las cámaras de seguridad del conjunto de Soacha revelaron la verdad. El 9 de enero de 2025, dos hombres ingresaron a la torre 24. Más tarde, Hasbleidy Azcárraga, la joven víctima, salió y regresó a su apartamento. En las imágenes también apareció un hombre vecino de la torre contigua, Alexander Vargas Cortés, quien ingresó con su bebé para visitar a Hasbleidy, con quien tenía cercanía. Permaneció 34 minutos y se marchó.

Horas después volvió, esta vez vestido de ciclista, con una bicicleta y, sobre todo, con las llaves del apartamento, que la madre de la joven le había confiado días antes. No fue necesario golpear la puerta, pues entró directamente.

El ataque comenzó contra Hasbleidy. Luego, cuando su padre regresó, también fue reducido y asesinado. Las escenas fueron alteradas para simular un suicidio, pero los detalles anatómicos y el análisis forense desmontaron el montaje.

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“Si me corto primero la mano derecha, no tendría fuerza para cortarme la izquierda. Eso nos indicó que no fue un suicidio”, explicó Ibáñez.

Quince días después, un allanamiento al apartamento 301 de la torre 25, residencia de Vargas, reveló residuos de sangre en una prenda. Las pruebas, los testimonios y los registros de cámaras confirmaron que se trataba del mismo hombre que casi dos décadas atrás había sembrado el terror en Tunjuelito.

Dos escenas, un mismo sello

Los crímenes eran casi calcados: apartamentos 101, escenas en baños, confianza ganada por parte de un “vecino amable” que se disfrazaba de buen samaritano y se quedaba con las llaves. En ambos casos, Vargas alteró la escena, lavó rastros, manipuló objetos y trató de despistar a los investigadores.

La justicia lo había liberado demasiado pronto. En 2021, el Juzgado de Ejecución de Penas le concedió prisión domiciliaria. El Inpec debía vigilarlo con un dispositivo electrónico, pero las falencias del sistema lo dejaron sin control. Vargas salió, una vez más, para matar.

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La experta en sistema penitenciario, Esmeralda Echeverry, lo resume con crudeza:
“Los procesos de vigilancia son escasos. No se cumple la finalidad, y eso genera situaciones que afectan a toda la sociedad”.

Hoy, los ecos de dos escenas separadas por 19 años claman justicia. Mayra Alejandra, sobreviviente de la primera tragedia, lo sabe: “Siento que tengo un compromiso, no solamente con mis familiares que ya no están, sino con las familias que también se han visto afectadas”.

Foto: Redes sociales y Google Maps

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