Una obra silenciosa empezó a transformar la rutina de sus habitantes, marcando un punto de quiebre en la manera en que la comunidad se relaciona con un recurso esencial.

En lo alto de la vereda San Antonio, en el municipio de La Vega, el murmullo de la quebrada Los Cajuches ya no solo es sinónimo de paisaje. Desde ahora, sus aguas alimentan la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), una infraestructura que marca un antes y un después para las familias rurales de la zona.

Más de 500 habitantes y 150 suscriptores contarán por primera vez con un suministro seguro y confiable, después de años de depender de sistemas artesanales que no garantizaban la potabilidad del recurso.

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La obra, ejecutada por Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) en articulación con la administración municipal, representó una inversión de 520 millones de pesos y fue recibida por la comunidad como una conquista largamente esperada.

La planta modular, con capacidad de dos litros por segundo, incluye tanque homogeneizador, lechos de secado, casetas de operación, redes de distribución y un pequeño laboratorio para el control de calidad. Todo ello con el fin de asegurar que el agua cumpla con la normativa vigente y se reduzcan riesgos sanitarios asociados al consumo sin tratamiento.

La concesión ambiental de la fuente hídrica se mantiene activa hasta 2034, garantizando así la sostenibilidad del proyecto.

Salud y calidad de vida en la ruralidad

El impacto más inmediato será en la salud de los habitantes. Hasta hace poco, las familias de San Antonio estaban expuestas a enfermedades transmitidas por el agua, al no contar con procesos de purificación adecuados. Con la entrada en operación de la PTAP, la comunidad obtiene una solución definitiva que no solo mejora su calidad de vida, sino que también protege a las generaciones futuras.

Durante la entrega oficial, líderes comunitarios, autoridades locales y representantes institucionales coincidieron en que este tipo de obras son esenciales para cerrar brechas entre el campo y la ciudad. Se trata de un paso concreto hacia la equidad territorial, al garantizar derechos básicos como el acceso al agua potable.

Un modelo de articulación

El proyecto también resalta la importancia del trabajo conjunto. Gobernación de Cundinamarca, EPC, la alcaldía local y las veedurías ciudadanas hicieron parte del proceso, supervisando la ejecución y asegurando la transparencia. Este modelo de cooperación es considerado un ejemplo replicable para otros municipios con realidades similares.

Mirada a futuro

Además de responder a la necesidad presente, la planta constituye una inversión a largo plazo. Su capacidad instalada permitirá atender la demanda de la vereda durante los próximos años y refuerza la obligación de seguir protegiendo las fuentes hídricas. La infraestructura, además, incorpora procesos que reducen el impacto ambiental y promueven un uso responsable del recurso.

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Para los habitantes, el agua potable ya no es una promesa sino una certeza. La Vega, municipio de la provincia del Gualivá, suma así un avance decisivo en la consolidación de servicios públicos en sectores apartados, reafirmando que el acceso al agua es un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo de las comunidades rurales.

Foto: Gobernación de Cundinamarca

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