Impuesto a la inmovilidad
La propuesta del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego de instalar peajes urbanos en las zonas de mayor influencia de tráfico en la capital de la república, con la finalidad de disminuir los trancones, como sucede en ciudades como Singapur, Londres o Estocolmo, al tiempo de desmotar gradualmente el pico y placa y por ende hacer que los propietarios de los vehículos particulares al tener más costos dejen voluntariamente de utilizar el automóvil, es una idea que incrementa los costos para poder movilizarse en una ciudad llena de todo tipo de problemas: inseguridad, vías en mal estado, huecos, falta de semáforos, sumado a los gastos de mantenimiento con una sobre tasa a la gasolina y seguros que tienen los costos más elevados en América Latina.
Por lo regular es normal que se cobran peajes cuando las carreteras se encuentran bien arregladas, en las autopistas o deblecalzadas, y éstas a su vez prestan varios servicios que tienden a generar mayor seguridad para sus viajeros; tienen grúas, carro taller, asesoramiento mecánico, ambulancias, lo que genera tiempos que justifican el pago de este servicio. En el caso de Bogotá D.C., hoy en día cuando tenemos un accidente de tránsito pasan 40 o 50 minutos y no existe presencia de las autoridades de tránsito; las ambulancias nunca llegan, no existen bahías o campos especiales determinados para que los vehículos se recuperen de sus averías. Por consiguiente los estudios para que las autoridades competentes autoricen esta genial idea que atenta contra el bolsillo del ciudadano del común, debe contener todo este tipo de factores para su funcionamiento.
La formulación en materia de peajes es responsabilidad de la autoridad nacional, el tema de la instalación de peajes es asunto de interés local y nacional, como lo manifiestan la ley 105 de 1993 y 336 de 1996 que representan el llamado “SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE” por lo que lo relacionado en su regulación requiere la intervención directa de las autoridades centrales, a cuyas disposiciones deberán sujetarse las autoridades municipales a la hora de ejercer la facultad impositiva que en ese tipo de asuntos les reconoce la Constitución.
El Ministerio de Transporte como suprema autoridad del Sector y del Sistema Nacional de transporte de acuerdo con las leyes citadas y el Decreto 087 de 2011 (artículo 6 numerales 14 y 15) debe emitir el concepto previo vinculante sobre el establecimiento de peajes, haciendo una evaluación desde el punto de vista técnico como la conveniencia y la conformidad con la política general en la materia.
En el caso de la autopista sur, vía de ingreso a Bogotá que representa uno de los mayores problemas que tiene la ciudad y sin la participación activa para resolver este problema por parte de las autoridades nacionales, se debe tomar en cuenta que quienes entran desde este corredor pagan el peaje de Chuzaca; ingresan a cruzar el Municipio de Soacha bajo uno de los trancones más caóticos y desesperantes hoy en día, con grandes dificultades por las obras que se están desarrollando para la adecuación de la fase III de Transmilenio, sería demasiado injusto que se implemente un peaje para poder ingresar a Bogotá D.C. razón por la que las fuerzas vivas y las organizaciones sociales, gremiales y empresariales, deben pronunciarse al respecto.
En este mismo orden de cosas es importante recordarle a las autoridades que directa o indirectamente todos quienes en condición de propietarios o en efecto usuarios de los vehículos pagamos uno sobretasa en el precio de la gasolina, Seguro SOAT en el valor promedio del 50 % del Salario Mínimo Legal Vigente, Impuestos de Vehículos con precios de igual considerables, multas de alto costo por las infracciones de tránsito, Revisión Tecno mecánica con un valor considerable, Seguros contra todo riesgo que dependiendo el valor del vehículo sobrepasa los 2 SMLV, costos de manteniendo preventivo y correctivo de los automotores y en algunos de los casos los Seguros de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual especialmente para el servicio público.
Como ciudadano del común expreso mi desacuerdo con este tipo de pretensiones; máxime aún cuando todos los días por medio de la prensa nos informamos de los pésimos manejos de nuestro erario público; con respecto a los problemas de movilidad que se presentan los ciudadanos no somos los culpables de la falta de planificación y estructura en el desarrollo urbanístico y suficiente tenemos con cumplir con todos los seguros e impuestos cuando tenemos que dejar nuestros vehículos parados prácticamente 4 meses en el año a lo que se suma otro impuesto más para poder transitar en una ciudad de inmovilidad.
FUENTE: Ley 336 de 1996- Ley 105 de 1993
@galodejesus
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