Una voz de alerta vienen lanzando los pueblos indígenas del país por el proyecto de acuerdo a través del cual se establecen las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales para la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías para la delimitación de las zonas de desarrollo empresarial.

La iniciativa, promovida por el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), resulta ser una medida regresiva para las comunidades étnicas frente a sus derechos terrotoriales.

Sostienen que con este proyecto «se quieren destinar ahora los territorios indígenas no formalizados, mal llamados baldíos, a las empresas para que se profundice el acaparamiento de tierras y recursos naturales que aumentan la vulnerabilidad de los pueblos, como ha venido ocurriendo en la región de la Altillanura y Amazonía, donde las agendas extractivas minero-energéticas y la agroindustria cercan a las comunidades indígenas, les impiden el uso de sus sitios sagrados, restringen su movilidad y el acceso al agua, la caza, pesca y recolección, actividades de las cuales depende su existencia», señalaron a través de una declaración publicada por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).

En el documento también aseguran que este acuerdo se basa en un artículo «inaplicable por inconstitucional», de conformidad a las interpretaciones que ha hecho la Corte Constitucional en sus sentencias C-644 de 2012, que declaró inconstitucionales los Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal (PEDAF), y C-077 de 2017 sobre Zidres, que proscribieron la adjudicación de baldíos a empresas, ratificando la obligación del Estado de garantizar el acceso a tierras de los sujetos de reforma agraria, especialmente poblaciones indígenas.

«Este proyecto de acuerdo constituye una medida regresiva, pues no favorece, por el contrario, impide el acceso a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, aumentando la conflictividad social en los territorios, desprotegiendo a las comunidades y violando las obligaciones del Estado de respeto y garantía de nuestros derechos territoriales», mencionaron en la misiva.

Desde la CNTI informaron que a la fecha, la Agencia Nacional de Tierras tiene 1.009 solicitudes de formalización de resguardos indígenas pendientes de resolución que han venido siendo radicadas desde 1978. Afirmaron, además, que tras seis años de haberse expedido el Decreto 2333 de 2014, no se ha adoptado ni una sola protección de territorios ancestrales, «hechos que demuestran que no todos los pueblos tienen reconocidos ni salvaguardados sus tierras, derecho cuyo fundamento es la posesión y ocupación ancestral», argumentaron.

Por estas razones, las cinco organizaciones que hacen parte de la CNTI (Confederación Indígena Tayrona; Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC); Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO), y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor), rechazaron rotundamente el proyecto de acuerdo y le exigieron al Gobierno nacional, que a través del Ministerio de Agricultura y demás entidades que conforman el Consejo Directivo de la ANT, que no lo apruebe por resultar inconstitucional e ilegal.

Adicionalmente, pidieron la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, así como del Congreso de la República, la Corte Constitucional y a los relatores especiales de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Derechos Humanos para evitar que este iniciativa se concrete.
¿Qué son los derechos territoriales?

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas son todos aquellos que protegen la especial relación que tienen las comunidades étnicas desde su ancestralidad con sus territorios y que se constituyen la base fundamental de su vida social, económica, cultural y espiritual, siendo de obligatorio cumplimiento por parte del Estado.

Incluyen los derechos a la propiedad colectiva (resguardos indígenas), a la protección de la territorialidad ancestral, al uso y goce de sitios sagrados, a la restitución de territorios despojados y abandonados forzosamente, a la autoridad ambiental sobre el territorio, autonomía y gobierno propio, derechos bioculturales y el derecho a la participación y consulta previa.

Fuente: SemanaSostenible.com