Artículo de investigación

El Estado colombiano a lo largo de la historia se ha preocupado firmemente por resguardar a sus ciudadanos y así mismo de ataques que vulneren y desestabilicen su estructura crítica. Para ello se ha valido de una labor de inteligencia que, de alguna manera, le ha permitido estructurar un cuerpo operativo que a los ojos de muchos ciudadanos es “sólido”; dicho músculo operativo en el país ha sido representado por distintos organismos militares e investigativos (Fiscalía, Ejército, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Das), pero en su afán de mantenerse inmune a intrusiones externas ha cometido atropellos y en ocasiones sus estrategias no han sido dimensionadas de la manera más adecuada para que dicho objetivo, proteger al ciudadano y a sí mismo, se cumpla.

Hoy el MinDefensa y la Dirección Nacional de Inteligencia tienen diversos retos para estructurar estrategias que definan y den seguridad plena de la independencia democrática de la república de Colombia; para este fin hasta el momento han utilizado herramientas tecnológicas como lo son los software FTK y ENCASE, que facilitan el análisis y la decodificación de información contenida en equipos de cómputo incautados por parte de las autoridades, Y por otro lado se encuentra CELLEBRITE, que le permite a las autoridades “extraer, preservar y analizar dominios públicos y privados, datos de redes sociales, mensajería instantánea, almacenamiento de archivos, páginas web y otro contenido basado en la nube mediante un proceso con solidez forense”.

Haciendo una revisión a detalle de los sistemas de información públicos, se encontró una nueva adquisición por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia en cabeza del Brigadier General Jesús Alejandro Barrera, con respecto al software Krypto500. Esta herramienta permite la interceptación de llamadas y de datos en dispositivos móviles y todos aquellos elementos tecnológicos que permitan una conexión a la red de internet de manera inalámbrica (WIFI) y para el procesamiento de señales digitales de radio obtenidas en la gama de HF.

Las funciones de este software son variadas, desde la grabación automática de llamadas por identificación de espectros de voz, autoguardado de las mismas, hasta la encriptación y codificación de información en lenguaje ASCII (1), funciones que pueden ser programadas en frecuencias temporales específicas, de tiempo y lugar a disposición del operador de inteligencia. El encargado de la comercialización en Colombia de este tipo de productos es MEGALITEC, que es un distribuidor autorizado por la empresa COMININT CONSULTING, encabezada por James Kigallen, ex marine estadounidense y especialista en criptología, quienes a su vez son pioneros en la denominada guerra electromagnética y que  trabajan mancomunadamente con Marty Mosier, gerente general de CRFS, empresa especializada en la fabricación de radares y radiogoniometría, este último afirma que son garantes en proporcionar inteligencia secreta esencial sobre las actividades del enemigo.

En enero del presente año, se supo de una declaración entregada a la revista Semana por parte de un miembro del Ejército Nacional, en la que se acusaba directamente a un presunto miembro del partido Centro Democrático, al recepcionar información personal y privada de miembros de los partidos de oposición, información obtenida de manera ilegal por parte del Ejército y su división de inteligencia y contrainteligencia. Ahora bien, en la ley de inteligencia 1621 de 2013 Art 4, ninguna información para propósitos de inteligencia y contrainteligencia podrá ser obtenida con fines diferentes de:

a. Asegurar la consecución de los fines esenciales del Estado, la vigencia del régimen democrático y la seguridad y defensa de la Nación, y prevenir  amenazas contra las personas residentes en Colombia y los ciudadanos colombianos en todo tiempo y lugar;

-b. Proteger a la población y las instituciones democráticas frente a amenazas tales como el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, el lavado de activos, y otras amenazas de igual naturaleza.

En ningún caso la información con propósitos de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición.

En este contexto surge un gran interrogante, ¿qué está urdiendo el gobierno, las fuerzas armadas y sus correspondientes divisiones de inteligencia y contrainteligencia, cuando le dan prioridad a interceptar ilegalmente a miembros de la oposición así como periodistas, políticos, líderes sociales, etc. mientras dejan de lado y olvidan deliberadamente el cuidado de la seguridad de todos los actores de la democracia colombiana?

El 4 de octubre del 2019 mediante la resolución No. 200, la POLICÍA NACIONAL justifica la compra del software KRYPTO500 con el siguiente argumento:

En la actualidad la Dirección de Inteligencia Policial no cuenta con Software de modulación licenciado para el procesamiento de señales digitales de radio obtenidas en la gama de HF, es de anotar que un 75% de la información captada es emitida de manera digital (Packet Radio y Pactor II, III y IV) por el ELN (Ejército de Liberación Nacional), GAO-r (Grupos Armados Organizados residuales) y CO (Crimen Organizado), que les garantizan seguridad y confiabilidad en la planeación y ejecución de acciones que están afectando la Seguridad Nacional y la Convivencia Ciudadana, facilitando sus coordinaciones para el aumento del Narcotráfico y demás factores que benefician su sostenimiento logístico y financiero. Lo cual representa un obstáculo significativo para contrarrestar el accionar criminal. Motivos que hacen necesaria la adquisición de herramientas tecnológicas que permitan la anticipación y prevención de estos fenómenos criminales.

Es clara la contradicción que presentan los hechos enunciados en REVISTA SEMANA, referente a la operación de los organismos de inteligencia en contra de los miembros de la oposición y la justificación que se entrega para sustentar la compra de dicho software, además de esto, va en contravía de lo contemplado en la LEY 1621, puesto que las demás herramientas de software utilizadas para desarrollar procesos de inteligencia como FTK, ENCASE Y CELLEBRITE, no permiten realizar la de interceptación de llamadas y codificación de información, cosa que sí es posible con el uso del KRYPTO 500, teniendo en cuenta que este tipo de productos tecnológicos son dimensionados en el mundo como armamento, y para el caso del Krypto500 este se encuentra regulado por el Reglamento Internacional de Tráfico de Armas de Estados Unidos para ser comercializado.

Este tipo de productos deben contar con la autorización escrita por parte del Departamento de Estado de EEUU. Así, esto puede interpretarse como un activo que, al no estar regulado por un organismo de control estatal en Colombia, puede llegar a vulnerar, desestabilizar y hasta eliminar físicamente a quienes hoy son parte vital del espectro político y democrático del país.

Recordemos que hechos como este ya han ocurrido en el país, el 21 de febrero de 2009, la misma revista Semana publicó un informe detallado donde se explicaba cómo funcionarios del DAS interceptaban y grababan las conversaciones privadas de algunos líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado. Dichos hechos fueron perpetrados durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su afán por “trabajar, trabajar y trabajar” en pro de la “construcción de la democracia”, auspició dichas acciones delictivas bajo su mandato. Ahora bajo las acciones del gobierno del actual presidente Iván Duque Márquez, algunos de los ciudadanos perciben un sutil “dejavu”, pues las denominadas “chuzadas” antes ejecutadas por el DAS, ahora son cometidas por la Dirección de inteligencia del Ejército Nacional, quienes actuando con “mano firme y corazón grande”, se han empeñado en usar los mecanismos de inteligencia, no con fines de protección democrática ni ciudadana, sino más bien para el beneficio de ciertos partidos y actores políticos del gobierno actual.

En relación con el total de la contratación del Ejército en términos de inteligencia, entre 2011-2019 se han invertido más de 17 mil millones de pesos en 306 contratos, de ellos 29 se encuentran regidos por el art. 33 de la ley de inteligencia sometidos a reserva, pero con una inversión de más de 1.100 millones de pesos en su mayoría gestionados para la CENAC. Dichos recursos son financiados con el dinero que generan los impuestos de los ciudadanos; en este sentido, se puede afirmar que es el pueblo quien respalda económicamente la ascendente guerra tecnológica que quiere iniciar el gobierno Duque contra la oposición. En este punto surge un interrogante; si, como se dijo al antes, el Estado debe garantizar la protección al ciudadano y la de todos los actores democráticos sin discriminar su raza, ni su inclinación política, ¿por qué no se han utilizado estas herramientas para preservar la vida de los líderes sociales y así garantizar un ejercicio transparente de la democracia?

Desde el 2016 se han presentado numerosos homicidios en contra de líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en 29 de los 32 departamentos del territorio nacional, es decir, que en el 90.62 % del territorio nacional se ha atentado contra su vida. En 2019 se registra aproximadamente el asesinato de más de 800 líderes sociales, con un patrón en aumento para el 2020 de un líder asesinado diariamente; donde más casos se registraron fueron en departamentos  como Cauca, Nariño y Antioquia.

Hechos, acciones, adquisiciones y estrategias que dan un profundo recuerdo de los días del Plan Cóndor desarrollado en Latinoamérica (2), hoy latente en la República de Colombia y casi 50 años después se perciben síntomas de tan duro flagelo; para estos días la influencia más importante en América Latina fue la del Ejército de Estados Unidos, en aquella época siempre había decenas de miles de Latinoamericanos entrenándose en la escuela de las Américas ubicada en Panamá. Instructores que trabajaron allí en 1976 explicaron a diferentes historiadores que su misión consistía en que los países Latinoamericanos compraran equipamiento militar solo a Estados Unidos, “pues esto es un gran negocio”.

Ante esta impetuosa situación se hace necesario generar el debate en torno al desarrollo de los objetivos y estrategias de la inteligencia colombiana, de cómo esta impacta en su desarrollo y en la democracia de toda una nación, sin dejar de lado la construcción conjunta de metas y controles que permitan garantizar minimizar el riesgo, además de moldear la solidez de la soberanía en pro de la igualdad y seguridad de todos los colombianos.

Investigador: Jeisson Fonseca – Twitter: @fonsecajeisson Instagram: jeisson_fonseca – Facebook: jeisson.fonseca

Corrector de Estilo: David Ramírez

(1) El ASCII es un código numérico que representa los caracteres, usando una escala decimal del 0 al 127. Esos números decimales son convertidos por la computadora en números binarios para ser posteriormente procesados. Por lo tanto, cada una de las letras que se escriba va a corresponder a uno de estos códigos.

 (2) La Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70.