Por estos días se debate en el Senado el proyecto de ley que contiene varias estrategias para incentivar a la población que por numerosas y suficientes razones ha sido reacia a ejercer el derecho constitucional al sufragio con la intención de reducir los altos y preocupantes niveles de abstención que en cada elección le restan legitimidad al Estado y al conjunto de instituciones que lo conforman.


Pero mientras el país se hunde en la crisis desde diversos espacios y desde diferentes medios www.institut-gouvernance,org ¿Es ilegítimo el sistema político colombiano? y www.eltiempo.com “El peligroso juego de la ilegitimidad” marzo 21 de 2014 por ejemplo, se obstinan en asegurar que dicha crisis “no afecta” la legitimidad institucional del Estado, pues todo el innumerable conjunto de desafueros y abusos en los que incurren los integrantes de las instituciones del poder legislativo para solo hablar de uno solo de los tres poderes en crisis, son “inherentes y naturales a los sistemas democráticos”.

Los incentivos, enfocados principalmente al segmento mayoritario de la juventud, consisten básicamente en dispensar beneficios fiscales, educativos, laborales y de servicios al país a esta y otras poblaciones que en el pasado se han implementado sin mayores resultados.

La larga lista de vicios, pésimas costumbres así como los crecientes vínculos de una buena cantidad de funcionarios de los más altos círculos del poder con el delito, da clara cuenta de la gravedad de la crisis, mientras muchos de esos funcionarios sino todos, han creído que sus cargos y funciones les otorgan patente de corso para hacer y deshacer a sus anchas en la más rampante impunidad.

Mientras estas prácticas socavan las bases de la poca legitimidad y credibilidad que le queda a las instituciones del Estado, la inmensa mayoría de los colombianos continúan sumidos en la ignorancia, el analfabetismo, la pobreza, la exclusión, el olvido y la marginalidad en cada gobierno de turno, en el que los electores, en su gran mayoría, son conducidos como ganado al matadero cuando no son objeto de violencia, desplazamiento, despojo de sus tierras, desapariciones, desempleo o el constreñimiento para votar por los candidatos de los poderes locales y regionales.

Retrospectivamente hablando, la abstención electoral encontró en la pésima gestión de los gobiernos del “Frente Nacional” y de los que lo sucedieron, un formidable aliado que se nutrió ininterrumpidamente con el incumplimiento de las promesas electorales de los gobiernos de entonces, y los primeros visos de descomposición del aparato legislativo representados en los auxilios y el ausentismo parlamentario, en los privilegios, en el control del burocracia estatal, en la creación de verdaderos feudos y poderes regionales y locales como el “gamonalismo y el clientelismo político”, dispusieron a sus anchas del poder y los recursos públicos durante largos años terminando heredándolo entre su círculo de apellidos y de sangre al mejor estilo de las rancias aristocracias europeas en las que esos factores determinaban la representación del poder.

Como lo señala el reconocido historiador Marco Palacio en su obra La legitimidad Elusiva, el Frente Nacional reprimió las disidencias políticas, busco controlar a los sectores populares y a las clases medias emergentes, ampliando las redes de patronazgo y clientelismo. El pacto bipartidista incremento la apatía y la abstención electoral, y perfecciono el clientelismo y la tecnocracia, situación que provocó el desgaste del sistema político. Sobrevino así la profunda crisis de legitimidad de los años 70, agravada en la siguiente década por los escándalos financieros, la acción del narcotráfico y el fortalecimiento de la subversión. Luego del desmonte del Frente Nacional creció la competencia por el liderazgo político así como el clientelismo, lo cual aumento la distancia entre la población y las instituciones políticas y provoco la reactivación insurgente”.

Esa abstención electoral, que en principio se asumió como un rechazo natural y espontáneo al bipartidismo y la violencia política en la década del 50, se tornó en un abstencionismo político beligerante en los años 60 asumiendo por parte de unos actores políticos la forma más radical de expresión, la lucha armada, mientras otros ejercían la “combinación” de todas las formas de lucha y una inmensa minoría le daba legitimidad a un Estado cada vez más fallido.

En épocas más recientes, el periodo crítico de la descomposición de las instituciones tomo nuevos cauces como consecuencia de los vínculos de aquellas con el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción a gran escala. Un preocupante número de congresistas, diputados, concejales en todo el país, las cortes, los jueces, los órganos de control, el ejército, la policía, ministros, expresidentes, embajadores, funcionarios públicos de todos los niveles entre otros en forma cada vez más frecuente y sobre todo cada vez más grave.

Frente a este panorama fue lógico en su momento el rechazo casi unánime y espontáneo de los ciudadanos contra la clase política tradicional de entonces como sería lógico entenderlo actualmente, pues a diferencia de los años cincuenta, la corruptela política actual ya no tiene ante sí una masa ignorante y analfabeta, pero sí una clase política más corrupta que ha apelado a los más perversos mecanismos para obligar a los ciudadanos a respaldar sus ideas y movimientos, pero se han encontrado con unos nuevos ciudadanos, que además de tener una mejor comprensión de los hechos históricos y políticos, quieren y pueden ser protagonista de su propia historia.

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