Las 10 trampas del robo de tierras en Colombia
En los últimos cuatro años, cientos de hectáreas abandonadas por desplazados cambiaron fraudulentamente de manos para ser vendidas luego (por intermediarios) a reputadas empresas nacionales o a fichas de políticos, como Otto Bula, señalado por ‘paras’ de ser el testaferro del ex senador Mario Uribe Escobar.
Así lo concluye un informe realizado por un equipo de expertos -en cabeza del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez- que ya revisó 1.464 casos en los Montes de María y logró identificar 10 maniobras usadas para robar tierras productivas.
Hay desde plagio de resoluciones del Incora hasta escrituras falsas, pasando por suplantación de desplazados, trucos que se repiten sistemáticamente en todo el país, en especial en Urabá, Norte de Santander y Meta.
El caso más reciente se registró en San Martín (Meta), zona de influencia del narco Daniel ‘el Loco’ Barrera. Allí usaron la escritura de una liquidación de sociedad conyugal y falsificaron la firma de un notario de Bogotá para robarse dos predios que suman 38.000 hectáreas.
Bajo presión
Otro gran hallazgo es que la tierra se les ha comprado a precios irrisorios los campesinos para venderla luego a grandes empresas hasta por 50 veces su valor inicial.
En San Onofre (Sucre), por ejemplo, el finquero Miguel Bello vendió el predio ‘El Cucal’ en 60 millones y, al mes, a través de un intermediario, lo compró la cementera Argos en 469 millones. Igual ocurrió con un terreno cuyo precio saltó, en tres meses, de 398 millones a 2.232 millones de pesos.
En este caso se evalúa si se trata de un buen negocio -como lo ha dicho Álvaro Echeverría, uno de los grandes compradores- o de una lesión enorme para los campesinos, que incluso podría constituir enriquecimiento ilícito en favor de los intermediarios.
Los investigadores también advierten que una cosa es adquirir un predio a bajo precio y otra, haberlo comprado con documentos falsos para revenderlo. Y agregan que con la Ley de Víctimas, aprobada esta semana, los campesinos podrán acudir a los jueces para empezar a reversar algunas compras masivas.
Los implicados
El listado de implicados en estas maniobras supera el centenar; hay alcaldes, notarios y registradores de todo el país. Pero la Fiscalía va a comenzar por Carmen de Bolívar, Zambrano, Cartagena, María la Baja (Bolívar), San Onofre, Ovejas, Corozal y Sincelejo (Sucre).
También serán citadas 20 empresas para que expliquen por qué compraron predios que intermediarios adquirieron con documentos alterados, tal como lo denunció EL TIEMPO y asesores del congresista Iván Cepeda desde octubre del 2010.
Los miembros de los comités locales y departamentales de atención a desplazados que autorizaron ventas de predios protegidos también están en la mira, así como Jairo González, el juez quinto de paz de Barranquilla, dedicado a titular tierras sin que, en criterio de la Súper, tenga competencia. En los próximos días se registrarán las primeras capturas.
El ‘top’ de compradores en los Montes de María
-Álvaro Echeverría: 4.650 ha.
-Tierras de Promisión: (también de Álvaro Echeverría): 1.644 ha.
-Manuel Medina Muñetón (a través de las agropecuarias Carmen de Bolívar, Génesis, San Simón, El Caney y Agrobufalera Los Aromos): 9.613 hectáreas.
-Agropecuaria Tacaloa: 1.380 ha.
-Consorcio Agroindustrial del Norte: 841 hectáreas.
-Familia Arango Botero: 870 ha.
-Cementos Argos: 942 ha.
-Fiduciaria Fiducor: 3.318 ha.
-Reforestadora del Caribe: 2.094.
-Agropecuaria Montes de María: 727 hectáreas.
Denuncia.
Los donantes de Mancuso
Otras de las transacciones en la mira son las adelantadas por los empresarios Iván Darío Arrieta Sánchez, Celso Alfredo Salazar y Luz Elena Palacios. Sin ninguna explicación, aparecen donándole cuatro magníficos predios (cerca de 81.200 hectáreas) al narcoparamilitar Salvatore Mancuso, quien los usó luego para reparar a parte de sus víctimas. Se investiga si Arrieta, Salazar y Palacios son o no testaferros del ex ‘para’.
Las 10 modalidades de fraude
1. Falsedad en resoluciones
Se hallaron 72 casos de alteración de resolu- ciones del Incora que autorizaban la venta de predios de desplazados. Estos fueron comprados por firmas como Tierras de Promisión, Manuel Medina Muñetón y las agropecuarias Génesis y Carmen de Bolívar.
2. Suplantación de campesinos
Se hallaron 62 resoluciones del Incora expedidas en los 90 que aparecen recientemente diligenciadas y firmadas por campesinos en papelería nueva. Se le pidió a la Fiscalía investigar la suplanta- ción de campesinos.
3. Actas ilegales o incompletas
Se autorizaron 24 ventas con base en actas de comités de protección a desplazados que incum- plían requisitos legales o que consignaron información falsa. En este caso, la principal compradora es Ana Patricia Serani.
4. Registradores, cómplices
Se documentaron 63 casos en los que registradores y notarios, en especial en Carmen de Bolívar, autorizaron la venta de predios a pesar de que estaban protegidos para desplazados con medidas especiales.
5. Clonación de resoluciones
Con un mismo número de resolución se autorizó la venta de predios a personas diferentes de parcelas diferentes.
Los compradores son Ana Patricia Serani y un fideicomiso.
6. Fraccionamiento de predios
Al menos 114 predios de desplazados fueron fraccionados para abrirles una nueva matrícula y evadir las medidas de protección que pesaban sobre ellos. Esto incluye las tierras del municipio de El Salado.
7. Tutelas pendientes
El Comité Departamental de Atención a Desplazados de Bolívar autorizó la venta de 35 predios de desplazados con base en un fallo de tutela que está siendo revisado por la Corte Constitucional por solicitud de entidades estatales.
8. Líos con fideicomisos
Un sólo fideico- miso (que se (identifica con el número 732-1359)
compró tierras de desplazados cuyos permisos de venta -expedidos por los comités municipales de atención a desplazados- no estaban ejecutoriados, motivados ni firmados por el presidente del comité. En total, adquirió nueve predios.
9. Venta de bienes del Estado
Hay 98 casos en los que los dueños de predios son el Incora o el Incoder. Sin embargo, alguien robó las resoluciones de adjudicación, las inscribió a nombre de campesinos y vendió los terrenos a particulares. La Fiscalía ya tiene pistas sobre la identi- dad del ladrón de documentos.
10. Adjudicación ‘exprés’
La Fiscalía investiga algunas adjudicaciones que hizo, en el pasado, el Incoder. El informe de la Súper da cuenta de la entrega de 17 parcelas a una sola sociedad de Cartagena en pocas semanas. También se indaga la adjudicación irregular de baldíos a un sólo privado.
Fuente: www.colombia.indymedia.org
Apoyo: * © El Tiempo
www.eltiempo.com/justicia/robo-de-tierras-en-colombia_9479044-4
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