Millonarias pérdidas por conexiones ilegales en un local comercial en Bogotá
Autoridades detectaron millonarias pérdidas por conexiones ilegales a servicios públicos en un establecimiento comercial de Bogotá.
Una intervención conjunta entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Vanti, Enel Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Puente Aranda permitió desmantelar una red de conexiones ilegales de agua, energía y gas que operaba dentro de una tintorería industrial en el suroccidente de Bogotá.
La operación se desarrolló en horas de la noche, debido a la necesidad de excavaciones profundas y manipulación de redes subterráneas sin afectar el tráfico ni el entorno comercial.
Durante la inspección, los equipos técnicos de las empresas prestadoras de servicios públicos detectaron una conexión fraudulenta de agua que habría permitido el uso ilegal de más de 3.910 metros cúbicos del recurso, equivalente al consumo mensual de unas 460 familias de estrato 3, con un valor estimado de más de 44 millones de pesos.
La AAB indicó que esta cantidad de agua, apropiada de forma irregular, representa una afectación no solo económica, sino también ambiental y social, pues compromete la sostenibilidad del recurso y el equilibrio del sistema de distribución.
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Millonarias pérdidas en desfalco a servicios públicos
Además del robo de agua, se encontraron conexiones ilegales de gas natural utilizadas para alimentar los procesos térmicos propios de la tintorería. De acuerdo con Vanti, en este tipo de establecimientos el consumo mensual oscila entre los 3.000 y 6.000 metros cúbicos, un volumen comparable al uso de 250 hogares.
Aunque el cálculo exacto del volumen defraudado aún está en proceso, la empresa advirtió sobre los riesgos asociados a estas conexiones clandestinas, como explosiones, fugas o incendios que podrían poner en peligro tanto a los trabajadores del local como a la comunidad vecina.
En materia eléctrica, Enel Colombia detectó una derivación no autorizada que superaba en un 86 % la carga máxima permitida para el predio. La conexión, además de evadir el medidor oficial, carecía de los mínimos requisitos técnicos y de seguridad, lo que generaba un riesgo alto de cortocircuitos, electrocución y posibles incendios.
Se estima que la energía robada asciende a 71,5 megavatios hora, una cantidad suficiente para abastecer a 550 hogares durante un mes, con un perjuicio económico cercano a los 72 millones de pesos.
Las inspecciones revelaron que las conexiones ilegales no solo estaban ocultas, sino que habían sido manipuladas con accesorios técnicos especializados para desviar el consumo sin dejar rastros visibles desde la calle. Según las autoridades, estas alteraciones requerían conocimiento técnico, lo que indica una estructura organizada detrás del fraude.
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Las empresas involucradas coincidieron en que este tipo de delitos no solo afecta directamente a las compañías prestadoras, sino que también impacta a los usuarios cumplidos, ya que pone en riesgo la calidad, continuidad y seguridad del servicio para toda la comunidad.
En el marco de la Alianza Unidos por la Legalidad de los Servicios Públicos, las entidades anunciaron que se fortalecerán los operativos conjuntos y el cruce de información para detectar posibles fraudes sin importar el tipo de servicio afectado.
También hicieron un llamado enfático al sector comercial para que regularice sus instalaciones y evite incurrir en delitos como la defraudación de fluidos, que contempla penas de hasta 9 años de prisión, multas de hasta 150 salarios mínimos y sanciones administrativas como la cancelación de la matrícula mercantil.
Finalmente, invitaron a la ciudadanía a reportar de forma anónima cualquier anomalía en el consumo de servicios públicos, a través de los canales habilitados por las empresas, como las líneas telefónicas, correos electrónicos y formularios digitales disponibles en sus sitios web oficiales.
Foto: Enel Colombia
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