En desarrollo del Plan por una Vida Libre de Violencia, la Alta Consejería para la Mujer formuló proyectos de inversión por 3.000 millones de pesos para que el Ministerio de Justicia y del Derecho inicie capacitaciones a más de 9.000 operadores de justicia en todo el país para la atención de casos de mujeres víctimas de la violencia de género.


El Plan por una Vida Libre de Violencia, es el eje fundamental de la Política Nacional Integral de Género, que busca brindar atención diferenciada a mujeres víctimas de diversas formas de violencia, garantizando la protección y restitución de sus derechos. También, se establece el lineamiento de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia.

Lo que se busca a través de estos diplomados es dotar a los funcionarios de competencias jurídicas sustanciales que permitan el fortalecimiento de la justicia de género, como base para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. También mejorar y transformar las prácticas de funcionarios para la atención de dichos casos.

Se espera que el proceso formativo inicie próximamente y sean beneficiados jueces, fiscales, Comisarías de Familia y miembros de la Policía, que estén involucrados con el tema. La idea es que partiendo de experiencias concretas, los operadores de justicia puedan iniciar reflexiones individuales o colectivas para ser aplicadas en los casos que tratan en la vida real. Con este proyecto se busca mejorar la respuesta institucional para garantizar a las víctimas de violencia de género la protección de sus derechos y la restitución de estos.

Beneficiarios

  • Jueces civiles
  • Jueces de familia
  • Jueces promiscuos municipales
  • Fiscales
  • Comisarios de familia
  • Policía judicial
  • Policía Nacional

Objetivos Específicos

  • Mejorar las capacidades teórico prácticas de los funcionarios/as de justicia para atender a las mujeres víctimas de violencia en concordancia con la ley 1257 y sus decretos reglamentarios
  • Formar a un grupo de funcionarios/as de justicia para que sean replicadores de la formación en sus instituciones.
  • Permitir a las y los funcionarios/as un acercamiento pleno a la situación actual, no solo de la violencia en contra de la mujer, sino también, la lucha que para el efecto sea dispuesto en los últimos años.
  • Dotar a las y los funcionarios de aquellas competencias jurídicas sustanciales que permitan el fortalecimiento de la justicia de género como uno de los pilares de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
  • Determinar la principal problemática en torno a la aplicación de la normatividad vigente para la lucha en contra de la violencia de género.
  • Proponer nuevos retos institucionales que generen, además de un trabajo en conjunto con los diferentes entes del Estado, un marco de justicia eficaz y preventiva.