No es cambio, es retroceso. Parte dos
Por: Hernán Castellanos Ramírez.
La intención del Gobierno Nacional de estatizar el sistema de salud existente en Colombia, fallida en dos oportunidades, la primera con el hundimiento de la reforma a la salud que se discutía en el Congreso de la República y la segunda con el fracaso en la implementación de un nuevo modelo de salud para el régimen especial del magisterio, demuestran como al presidente Petro no le sale una y que no se debe gobernar con el hígado, sino con la razón y la lógica.
La Ley 100 de 1993, dio pasos importantes en la constitución de un sistema de seguridad social en el país que modificó sustancialmente en su momento los regímenes de salud y pensiones, y reguló lo que era conocido como seguridad industrial y hoy es seguridad y salud en el trabajo.
Los avances de la citada ley han sido muy importantes para los colombianos, especialmente en salud; en pensiones no es mucho lo que se ha avanzado y en cuanto a lo que corresponde a seguridad y salud en el trabajo es mucho el terreno que se viene ganando de un tiempo para acá.
Pero nos vamos a concretar en la salud y la reforma planteada por el gobierno, primero mediante un proyecto de ley que se hundió en el Congreso y posteriormente a través de regulaciones expedidas por el Ministerio de Salud a fin de implementar de manera forzada y obligada lo que no pudieron sustentar y defender en el parlamento.
Mas allá de los problemas que puede tener el sistema de salud en el país, la ciudadanía de alguna manera lo tiene apropiado y acogido como una de las pocas cosas que funcionan y hoy le brinda respuestas a la gente, un sistema de salud en Colombia que paso de una cobertura, antes de la ley 100, de un 28% a un cubrimiento prácticamente universal de 99.6%, de los cuales la mitad son ciudadanos sin recursos que no aportan y hacen parte del denominado régimen subsidiado en salud. Atención que se da en igualdad de condiciones, tanto para los que contribuyen como para los subsidiados.
Por lo tanto, cualquier modificación que se plantee a un régimen que garantiza servicios a la totalidad de la población debe ser pensada y analizada para no dañar lo que funciona dentro de lo existente y mejorar los múltiples elementos que puede tener por mejorar un sistema que garantiza salud a 52 millones de colombianos.
No podemos satanizar la presencia de particulares en la prestación del servicio tan solo porque algunos han tenido comportamientos venales, comportamientos de los que no son ajenos los demás actores de la cadena encargada de atender la salud; desafortunadamente la corrupción es un mal crónico de nuestra sociedad. La salud no es la excepción, menos con los recursos que cuenta en razón al éxito de haber conseguido cobertura total para los colombianos sin distinción alguna.
A lo anterior le debemos sumar el incremento en los costos propiciados por fallos judiciales que han obligado a cubrir mucho más de lo que el sistema estaba preparado para desembolsar, fundamental para hacer de nuestro sistema de salud un servicio que cumple con buena parte de lo que sus usuarios aspiran y esperan, por tal motivo recurren con mayor frecuencia al mismo, no en vano las cifras que cada usuario recibe en promedio: dos atenciones médicas por mes. Eso ha desbalanceado financieramente todo el sistema.
Este problema no se soluciona acabando con la inversión privada en el sistema de salud en Colombia, se controla o se minimiza con una auditoría externa muy seria y profesional, que no ha existido, la definición clara de unas tarifas en los servicios a prestar; de igual forma una definición precisa en los precios de los medicamentos, volver a sancionar económicamente el no cumplimiento de las citas por parte de los usuarios.
Habrá que revisar a fondo la verticalidad en la contratación que realizan las EPS, limitar o si es necesario prohibirla, con sus propias IPS, laboratorios y farmacias; buscar fórmulas para fortalecer la red pública de salud con el fin de que entre en la red del servicio general de salud. Es necesario revisar dónde están las fallas y entrar a plantear sus mejoras escuchando y dialogando con los actores del sector.
El gobierno debe entender que no se puede estrangular el sistema de salud en Colombia; no incrementando la unidad por capitación (UPC)*, dejando de pagar servicios ya prestados y desconociendo compromisos generados por tratamientos de alto costo, creyendo que con eso, su propuesta de reforma, va a funcionar cuando los protagonistas van a seguir siendo los mismos.
*UPC. Unidad de pago por capitación. Pago que se realiza anualmente por cada afiliado al sistema de salud.
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