El Gobierno Nacional reconoce y garantiza el derecho a la protesta, pero no encuentra razones que justifiquen las movilizaciones convocadas por representantes de estudiantes y de docentes el próximo 5 de septiembre.


La Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, aseguró que el Gobierno está cumpliendo los acuerdos concertados tanto con representantes estudiantiles de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, como con el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores.

En el caso de la comunidad estudiantil el Gobierno acordó que durante el año 2012 se llevaría a cabo un diálogo participativo entre todos los actores del sector, para construir una política de Estado de la educación superior. En el marco de este diálogo nacional, el Ministerio de Educación ha participado en 47 eventos diferentes que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de todo el país.

«El principio de puertas abiertas y el diálogo constante, abierto y respetuoso son un común denominador a la hora de atender las inquietudes de los representantes de los educadores y los estudiantes», indicó la Ministra.

Frente a los acuerdos

«El Gobierno quiere ser enfático en recordar que ha cumplido con lo pactado, que era no presentar ningún proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior ante el Congreso de la República, hasta tanto no se lleve a cabo el diálogo nacional necesario para construir una política de Estado para la Educación Superior». Los cinco proyectos de ley que se han presentado, han sido iniciativa parlamentaria, cuatro han contado con concepto negativo del Ministerio (tres han sido archivados) y uno adicional plasma en una ley la decisión administrativa del Gobierno de reducir los intereses reales del crédito educativo de Icetex a cero (0), medida que beneficia a 237.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

La construcción participativa de la política de Estado para la educación superior ha girado sobre siete elementos fundamentales: equidad, diversidad, calidad, pertinencia, autonomía, gobierno y sostenibilidad.

De los 47 espacios de diálogo que ha liderado o en los que ha participado el Ministerio, 32 han sido conversatorios y reuniones con rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y de las 23 Instituciones de Educación superior (IES) acreditadas del país, así como con los presidentes de asociaciones colombianas de Instituciones de Educación Superior con Formación Tecnológica (ACIET) y Técnicas Profesionales (ACICAPI), la Asociación Colombiana de Instituciones Universitaria Públicas y Privadas (ACIUP) y la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior a Distancia (ACESAD).

A estas mesas de diálogo han sido convocados el Foro Permanente de Educación Superior, la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas, los representantes de la Ministra y el Presidente ante los Consejos Superiores de las IES, representantes estudiantiles organizados en Fenares, Redes, Mane y estudiantes afrocolombianos e indígenas, entre otros. Estos espacios se han desarrollado también con la comunidad académica y rectores de IES públicas y privadas de 21 departamentos.

Se ha participado, además, en 3 foros organizados por Fenares, otros 6 por la Mane y 1 con las universidades privadas. Así mismo, el Ministerio ha liderado 5 talleres en Bogotá a los que han sido invitados miembros de los Consejos Superiores y Directivos de todas las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas del país. Próximamente, se realizarán más talleres en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Adicionalmente el Ministerio abrió una convocatoria pública para grupos de investigación integrados por docentes con formación de alto nivel y estudiantes de doctorado y maestrías, para la que se presentaron más de 95 y se seleccionaron 25 con el acompañamiento de Colciencias. Los grupos están siendo apoyados por el Ministerio de Educación y su fin es investigar acerca de la educación superior que quiere y necesita el país.

En cuanto a los acuerdos pactados con el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, el Gobierno ha cumplido en su totalidad con el 70% de ellos en el primero de los 2 años que se tienen como plazo. Los restantes están avanzados, pero dependen de un trabajo conjunto con otras entidades del Estado.

El programa de salud ocupacional de los maestros es único y por primera vez busca, a través de la valoración individual, prevenir, atender y superar los riesgos de las enfermedades propias del desempeño de la labor docente. Los 320.000 maestros oficiales de Colombia cuentan con un régimen especial de salud, que hace unos meses fue contratado, con altos estándares, para garantizar una buena calidad. Este régimen incluye beneficios únicos extensivos a las familias como acceso gratuito a todos los medicamentos con registro Invima que se comercializan en el país, atención total de cualquier enfermedad sin tener en cuenta preexistencias ni tiempos de afiliación y exención de pago de bonos por la atención y de cuotas moderadoras (copagos).

En cuanto a la seguridad de los docentes y directivos docentes, el avance más reciente es la expedición del Decreto 1628 del 31 de julio de 2012, piensa en el grupo familiar y busca complementar la protección de todos los que trabajan en instituciones educativas ubicadas en áreas en las que se ponga en riesgo su vida o que imposibiliten o dificulten el normal desarrollo de sus funciones. Este Decreto, de hecho, incluye un apoyo económico para que, de ser necesario, se reubique temporalmente a los docentes que lo requieran y a sus familias.

Para garantizar el acceso de la población en condición de vulnerabilidad en algunas regiones donde el Estado no puede llegar con sus docentes oficiales, se ha asumido la contratación de la prestación del servicio educativo cerca de 800.000 niños y jóvenes ingresen y permanezcan en el sistema. Además, el total de la matrícula atendida por contratación, incluidas las concesiones, representa solo el 8,7% del total de la matrícula oficial. Así mismo, entre 2009 y 2012 la planta de docentes y directivos docentes se ha ampliado en más de 4.700 cargos.

La Directiva 02 de 2012 sólo establece lineamientos para recordar el cumplimiento de las funciones de los docentes en beneficio de los niños y jóvenes. Uno de los factores que más afecta la calidad de la educación es que no se cumpla con el tiempo previsto de formación en las instituciones educativas.

Los maestros tienen una jornada laboral de 40 horas semanales, divididas en mínimo 30 horas en las instituciones educativas, de las cuales 20 deben tener asignación académica con periodos de clase de 60 minutos para los docentes de preescolar, 25 para los de primaria y 22 para los de secundaria. Las horas restantes de esas 30 pueden emplearse, dentro de la institución, en la preparación de clases, atención a los padres, etc. Finalmente, para completar la jornada reglamentaria de 40 horas semanales, los docentes pueden desarrollar actividades pertinentes a sus funciones fuera de las instituciones educativas, previamente concertadas con los rectores.

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co