La audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Soacha José Ernesto Martínez Tarquino por la presunta celebración irregular de de dos contratos, se aplazó para el miércoles 22 de septiembre.


Así se determinó luego de aplazar la audiencia de hoy a la que asistieron el contratista Robinson Ortiz Olaya y el jefe de recursos humanos de la época William Fernando Moncada; no lo hizo la ex secretaría general Amparo Cediel Cristancho y el alcalde Ernesto Martínez quien se excusó debido a que previamente tenía un compromiso fuera de la ciudad con la Asociación de municipios; en su reemplazo estuvo el abogado Darío Bazzani.

Según el juez, los implicados en este caso deberán responder por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado, falsedad ideológica, y supresión y ocultamiento de documentos públicos.

La investigación se desprende de dos contratos de consultoría de 17 millones 400 mil pesos cada uno, suscritos el 15 de enero de 2008. Sin embargo el alcalde Ernesto Martínez señaló a través de un comunicado “Que ante el anuncio de la Fiscalía de notificarme el inicio de una investigación penal relacionada con un contrato suscrito en enero de 2008 por cuantía de diecisiete millones cuatrocientos mil pesos ($17.400.000) con el señor Robinson Ortiz, el cual se suscribió y se cumplió a cabalidad como apoyo administrativo para las actividades de empalme con la administración saliente, estaré demostrando en la oportunidad que corresponda mi absoluta inocencia frente a esa imputación”.

El mandatario señaló que “esos mismos hechos fueron objeto de una investigación a cargo de la procuraduría General de la Nación, la cual fue archivada por no encontrar mérito”.

Martínez agregó que “Desde que asumí el cargo y de manera persistente he sido objeto de una atroz persecución política, tal como se demuestra con los testimonios que he puesto en conocimiento de las respectivas autoridades, sólo con el fin de desplazarme del cargo y evitar que siga desarrollando una acción de gobierno que está transformando al municipio de Soacha”.

Finalmente explicó que la denunciante, Silvia Ester López Ariza, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, es una persona inexistente.