La nueva delimitación de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua deja varias incertidumbres en lo ambiental, investigativo, económico y social. Los isleños enfrentarán grandes retos.


Según Silvia Mantilla, experta en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia en el Caribe, la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya afectará a un considerable grupo de sanandresanos tanto artesanales como industriales dedicados a la pesca, debido a que uno de los sectores con mayor riqueza pesquera ahora quedará bajo la jurisdicción de Nicaragua.

“La pesca representa el segundo sector económico de las islas después del turismo. El área que perdió Colombia, sobre todo en el sector norte, que limitaba con Honduras, era una gran fuente de ingresos por ser rica en productos pesqueros. Se prevé que habrá un fuerte impacto social y económico para muchas familias”, indicó la profesora Mantilla.

Otro de los interrogantes que se abre es sobre el futuro de la Reserva de Biósfera Seaflower. Este título fue otorgado por la Unesco, en el año 2000, a los cerca de 350 mil kilómetros de lo que hasta esta mañana se consideraba territorio marítimo colombiano en el occidente caribeño. Dentro de este inmenso mar también se encuentra el Área Marina Protegida de Seaflower, por medio de la cual se protege un área de 62 mil km2, que también quedará fragmentada.

Al respecto, la profesora Mantilla sostuvo que habrá que esperar el pronunciamiento de la ONU para determinar cómo sería la administración de la Reserva de Biósfera: si Colombia seguirá liderando la conservación de este espacio o habría una administración conjunta.

Lo cierto es que el temor de investigadores, isleños y pescadores tiene relación con que la nación centroamericana abra la posibilidad a la explotación petrolera, poniendo en riesgo este valioso ecosistema. Cabe recordar que el Gobierno sandinista les abrió las puertas a petroleras estadounidenses para explorar estos territorios, mucho antes de la decisión de la Haya.

La investigación científica que desarrolla Colombia (que se lleva a cabo de forma sistemática con la presencia de la UN con sede en la isla de San Andrés) también se verá afectada en varios frentes.

Los dos países ahora tendrán que sentarse a definir cómo será el acceso a los cayos de Quitasueño y Serrana, que serán enclaves colombianos en medio de mar nicaragüense. En este sector, varios investigadores de la UN llevaban a cabo exploraciones científicas.

La Universidad Nacional de Colombia, a mediados del año pasado, había advertido sobre el interés de tres compañías petroleras para explorar el ecosistema marino del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en busca de hidrocarburos.

En ese entonces, una acción popular interpuesta por la Corporación Autónoma del Archipiélago de San Andrés (Coralina) hizo suspender la firma de adjudicación del contrato, mientras las autoridades ambientales se pronuncian sobre la viabilidad del proyecto.

Ahora que Nicaragua incorporará buena parte de esas aguas caribeñas, volverán los temores de muchos sectores por los perjuicios de una explotación petrolera que podría afectar a comunidades en ambas partes de la nueva frontera.

Así lo aseguró Elizabeth Taylor Jay, directora de Asuntos Marinos y Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y exdirectora de Coralina.

La funcionaria explicó que en el mundo hay algunos ejemplos de Reservas de Biósfera de administración conjunta que podrían aplicarse a la nueva realidad fronteriza. Resaltó que sí existe temor de que las decisiones autónomas de Nicaragua sobre el manejo de estas aguas puedan afectar al conjunto del territorio.

“Esa situación ya la debió de contemplar el grupo de asesores del Gobierno colombiano, por lo que seguramente se tendrán que entablar diálogos para preservar uno de los espacios de vida marina más significativos de todo el Caribe”, dijo Taylor Jay.

Silvia Mantilla manifiesta que el Gobierno nacional tendrá que plantearles nuevas alternativas económicas a los isleños y hacer un trabajo social grande con las comunidades, para que el cambio de frontera tenga el menor impacto negativo posible.

Fuente: Unimedios