Luego de la investigación realizada por la Contraloría Municipal de Soacha, en el marco de una auditoría realizada a la Secretaría de Desarrollo Social, se determinó que la titular de esta cartera, Consuelo González, debe responder por el detrimento causado en las finanzas del municipio, por un contrato celebrado en el año 2008.


Se trata del Contrato No. 964 de 2008, cuyo objeto era la prestación de servicios para el ‘Apoyo logístico a la gestión del programa Familias en Acción, y el ‘Proyecto de acompañamiento y fortalecimiento a los organismos comunales de Soacha’, cuyo valor era de $20.000.000.
Según informó la contraloría, la responsabilidad de la funcionaria se da debido a que ella era la supervisora de ese contrato, lo que indica que dentro de su misión estaba velar por la correcta ejecución del contrato:

“Dentro de su proceso misional en la recuperación del perjuicio que se haya causado al patrimonio público, la Contraloría viene adelantando investigaciones para determinar las responsabilidades al respecto. En ese sentido, con ocasión de los hallazgos generados en los procesos de auditoría que adelanta el ente de control, efectivamente en el año 2010 se evidenció que había una presunta irregularidad en la supervisión de un contrato. Esa supervisión estaba a cargo de la Dra. Consuelo González, quien en ese momento, como ahora, ejercía el cargo de Secretaría de Desarrollo Social”, explicó la Contralora de Soacha, María Evelia Cubillos.

El proceso de responsabilidad fiscal en contra de la actual Secretaria de Desarrollo Social inició el 16 de febrero de 2010, luego de un hallazgo encontrado en la auditoría realizada por la Contraloría a la Secretaría de Desarrollo Social, entre el 03 de marzo y el 31 de agosto de 2009. De lo anterior se notificó a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría el día 5 de noviembre de 2009, y posteriormente se realizó la apertura del proceso, para que finalmente se hiciera la imputación de cargos el 13 de octubre de 2011.

“Surtido el proceso correspondiente, la Oficina de Responsabilidad Fiscal adelantó el proceso, determinando que efectivamente la funcionaria en mención fue responsable fiscal por omisión, en la correcta supervisión de dicho contrato, lo que le generó al municipio un detrimento de 22 millones de pesos aproximadamente. Este perjuicio debe ser resarcido por esta funcionaria, es decir que ella debe cancelar la totalidad de esta suma. Vale la pena mencionar que a la Secretaria se le garantizó siempre su derecho a la defensa dentro del debido proceso, y que todas las etapas de la investigación se surtieron de manera transparente y objetiva. Desafortunadamente esta entidad la encontró responsable de este detrimento”, agregó la Contralora.

Cubillos manifestó que la decisión está totalmente ejecutoriada, y reiteró además que en este caso hay una responsabilidad netamente personal, de acuerdo al ejercicio de la función pública. Así mismo, la jefe del órgano de control resaltó que la secretaria está plenamente notificada y enterada tanto del proceso como del fallo emitido.

Ahora, la actual secretaria de desarrollo social tendrá que pagar la suma de $22.272,000, ya que el valor del contrato se ajustó a la fecha de decisión del fallo.

Periodismo Público.com consultó a la Dra. Consuelo González sobre el tema, pero se abstuvo de pronunciarse argumentando que desconoce el número del contrato por el cual se realizó la investigación y el objeto del mismo.