Tarifa de agua bajará en Bogotá, Soacha y Gachancipá y queda pendiente compensación económica

Los habitantes de Soacha tendrán la reducción más alta, pues durante 9 años se pagó un cobro adicional que no era netamente de consumo.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) anunció una decisión que impactará directamente el bolsillo de los usuarios de Bogotá, Soacha y Gachancipá. Se trata de la expedición de la resolución 1017 de 2025, con la que se ordena suspender el cobro de inversiones que estaban incorporadas en la tarifa de acueducto y alcantarillado, pero que nunca llegaron a ejecutarse.

La medida significa que el valor del recibo mensual bajará en la ciudad y los municipios de Cundinamarca ya mencionados, luego de varios años en los que los suscriptores venían pagando por proyectos de infraestructura que no pasaron del papel.

La decisión se sustenta en lo que la CRA denomina “justicia tarifaria”, un principio que busca garantizar que los ciudadanos únicamente asuman el costo de lo que efectivamente reciben en su servicio. En este caso, la entidad detectó que había 60 proyectos de inversión incluidos en el cálculo tarifario desde 2016, que nunca se pusieron en marcha por circunstancias ajenas a la empresa prestadora, como decisiones judiciales, controversias contractuales o retrasos administrativos.

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A pesar de la no ejecución, los proyectos se siguieron cobrados en las facturas de los usuarios, lo que llevó a la CRA a revisar la metodología y ordenar una corrección.

El ajuste no es menor y se traduce en reducciones específicas para cada municipio:

  • Bogotá: −2,6 % en acueducto y −3,4 % en alcantarillado.
  • Soacha: −7,96 % en acueducto y −11,89 % en alcantarillado.
  • Gachancipá: −2,55 % en acueducto.

Con estas cifras, las familias podrán sentir una disminución real en el valor final de sus recibos en los próximos meses, en medio de un contexto económico donde cada peso cuenta.

La directora de la CRA, Nelly Mogollón, explicó que la medida busca devolver transparencia a la estructura tarifaria y responder a una queja recurrente de los usuarios, quienes se preguntaban por qué seguían pagando obras que no se veían materializadas en su entorno.

Esta es una buena noticia para los usuarios. Velamos por el principio de justicia tarifaria, que implica que los pagos realizados por los suscriptores correspondan efectivamente al servicio que reciben con calidad y oportunidad”, señaló Mogollón.

Ahora bien, la resolución abre un nuevo debate sobre lo que ocurrirá con los pagos ya efectuados. Durante casi una década los ciudadanos han financiado, vía tarifas, obras que nunca se llevaron a cabo. Frente a esa situación, la CRA fue clara en que no tiene competencia para ordenar devoluciones ni compensaciones retroactivas, y que ese asunto corresponderá a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad encargada de definir si habrá reembolsos, descuentos adicionales o algún otro tipo de medida correctiva.

El anuncio se produce en un momento sensible para la región, marcado por la crisis hídrica que golpeó a la sabana de Bogotá en 2024 y 2025 y que obligó a imponer racionamientos rotativos. En ese escenario, la transparencia en el cobro del agua cobra mayor relevancia, pues se trata de un recurso escaso y costoso cuya gestión debe responder a principios de eficiencia, equidad y sostenibilidad.

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En síntesis, los usuarios de Bogotá, Soacha y Gachancipá verán en los próximos meses un respiro en sus recibos de acueducto y alcantarillado. La medida no resuelve los problemas estructurales del sistema ni las tensiones derivadas de la crisis hídrica, pero sí representa un alivio tangible en la economía de los hogares y un paso hacia la recuperación de la confianza en el sistema tarifario. La pelota queda ahora en la cancha de la Superintendencia, que deberá decidir si los cobros realizados durante años sin obras ejecutadas tendrán algún tipo de compensación para los ciudadanos.

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