A raiz de los operativos que las autoridades de tránsito vienen realizando en contra del transporte informal que presta servicio en diferentes puntos de la ciudad, ayer viernes se realizó una reunión para buscar una salida justa a la situación.


carvajal-2.jpgSegún el teniente Carlos González, comandante de la policía de tránsito de Cundinamarca, quienes prestan el servicio de transporte público informal afectan a aquellos que tienen la autorización legal para hacerlo, pero reconoció que es un problema de años y que forma parte de la desorganización que en este tema registra Soacha.

El oficicial dijo que la idea con esta clase de reuniones es encontrar una salida justa y de cierto modo buscar la legalización en el tiempo, aunque fue claro en manifestar que en ningún momento se puede hablar de autorización porque la ley no lo permite.

«Se está buscando trabajar con el fin de que ellos cambien de economía; se puede pensar en una cooperativa, por ejemplo, o gestionar con la alcaldía para pensar en legalizar el servicio y así poderles ayudar», explicó el teniente González.

Los transportadores informales se quejaron de la persecusión por parte de las autoridades de tránsito y lamentaron el afán de algunos agentes por imponer comparendos y trasladar los vehículos a los patios. Sin embargo el comandante de policía dijo que es una situación de ley, y que lo que hacen sus hombres es acatar las normas. Dijo que desde hace dos años se presenta una situación difícil con los propietarios de taxis debido a su exclusión del convenio interadministrativo entre Soacha y Bogotá; aseguró que debido a esa situación los 312 taxistas les tocó trabajar únicamente dentro del perímetro del muncipio, encontrando una oferta de ususarios muy por debajo de la que le venían manejando en la capital. Esta situación generó choque hacia el transporte informal, lo que propició una reacción legal de las autoridades debido a que la ley es clara en dar prioridad a quienes se encuentren legalmente constituidos.

Octavio Velasco, edil de la comuna tres y propietario de un vehículo de transporte informal, solicitó entendimiento por parte de las autoridades y dijo que los carros particulares son la herramienta de trabajo para más de 150 familias del municipio, incluida la suya. Explicó que si bien es cierto no es un servicio legal, advirtió que detrás de cada carro comen alrededor de cinco personas y dijo que el municipio no tiene la capacidad de emplear a quienes dependen de este trabajo.

Finalmente, después de la reunión, se dijo que los 22 efectivos de tránsito que hay en Soacha centrarán su control en los hospitales y centros comerciales del municipio; las autoridades de tránsito fueron claras en que, por ahora y mientras la alcaldía decide el futuro del transporte informal, los propietarios de los llamados «carritos» podrán trabajar sólo en zonas donde no se preste servicio formal de transporte.

La medida es una solución parcial, ya que le corresponde al municipio decidir en qué condiciones deja que el transporte informal siga operando en Soacha, o si por el contrario reglamenta su salida.