Tribunal de Cundinamarca ordena aplazar marchas de este miércoles 28 de abril
El fallo es contundente y ordena derogar los permisos para las manifestaciones. Ninguna organización podría salir a marchar.
El auto con medida cautelar fue emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de aplazar las marchas del 28 de abril y del 1 de mayo «hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia Covid-19 y sus mutaciones».
Así las cosas, el fallo deja sin efectos los permisos otorgados para las manifestaciones de este miércoles y ordena al presidente de la República, al ministro de Salud, a los gobernadores departamentales y a los alcaldes de las distintas ciudades informar de manera inmediata respecto a esta decisión «para que los manifestantes se abstengan» de protestar en las calles.
De acuerdo al fallo del Tribunal, esta medida cautelar «no constituye una limitación ni restricciones» al derecho a la movilización y la protesta pacífica, sino se emite para «impedir la agravación del daño por expansión de la pandemia».
Mientras se supera la emergencia sanitaria, el Tribunal les pide a las organizaciones convocantes a la marcha que usen tecnologías para protestar de forma virtual: «De la misma manera, las autoridades públicas involucradas deberán programar las diferentes reuniones virtuales para que dichos manifestantes sean oídos, mientras se supera este estado de emergencia económica, social y ecológica», dice el fallo.
Se emitió esta medida cautelar en respuesta a dos ciudadanos que interpusieron una tutela para que les ampararan los derechos «a la vida, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente en las protestas sociales».
En el fallo, el Tribunal cita recientes reportes de prensa que hablan del riesgo de las aglomeraciones y la situación que vive el país por el aumento de contagios de coronavirus y la alta ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI): «Es una verdad que brilla al ojo que el derecho a manifestarse en las vías públicas para hacerse oír de las autoridades investidas (…), lejos de alcanzar de manera inmediata tales propósitos de impartición de una justicia social equitativa, lo que provocará es la muerte de muchas personas, de las familias y demás del grupo social con los que los manifestantes comparten y trabajan», dice el fallo.
Fuente: Sistema Integrado de Información
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